Sucre, 12 de marzo (ANV).- El abogado de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), Paúl Tolavi, respondió a las declaraciones emitidas por la Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE) tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a la empresa a pagar 744.315.000 bolivianos a FANCESA como indemnización por daños ocasionados por competencia desleal.

Tolavi aseguró que SOBOCE tuvo «siete años para plantear todos estos cuestionamientos» y que, en reiteradas ocasiones, la justicia determinó que «no tienen razón». Además, enfatizó que «el proceso judicial ha concluido» y que la empresa cementera debe asumir su obligación.

En relación con el impacto económico que SOBOCE argumenta, el abogado de FANCESA calificó de «falso» el argumento de que más de 200.000 familias bolivianas serían afectadas si la empresa cumple con el fallo judicial. «Lo más probable es que solamente favorezca a sus accionistas, que son un grupo empresarial peruano que anualmente recogen las ganancias de SOBOCE en el monto aproximado de 150 millones de bolivianos», afirmó.

Por otro lado, cuestionó las declaraciones realizadas por SOBOCE en su conferencia de prensa y difundidas en medios de comunicación, asegurando que «no existe ninguna sentencia arbitraria, ningún error judicial ni persecución» y que «lo único que se ha hecho es justicia a favor de FANCESA». En ese sentido, indicó que la empresa solo busca recuperar «el daño evidente, real, material y demostrado» que habría sufrido.

La posición de SOBOCE

SOBOCE, por su parte, advirtió que la determinación del Tribunal Supremo de Justicia podría desestabilizar la empresa y afectar indirectamente a miles de familias que dependen de su funcionamiento. Según la compañía, el fallo se basa en la aplicación de la figura del “daño al proyecto de vida”, un concepto jurídico utilizado en casos de delitos de lesa humanidad, que, según SOBOCE, no corresponde a una disputa entre empresas privadas.

Ximena Riveros, Gerente Nacional Legal de SOBOCE, afirmó que la sentencia judicial representa «una preocupante parcialidad del máximo órgano judicial del país» y señaló que con esta decisión «se sienta un peligroso precedente que pone en riesgo la seguridad jurídica de otras empresas y sectores productivos».

La empresa también destacó que, durante el período en el que se la acusa de haber ejercido competencia desleal, FANCESA «registró sus mayores utilidades». «No hubo daño alguno, al contrario, la empresa logró estabilidad y un crecimiento sostenido», indicó Riveros. Además, aseguró que el proceso judicial ignoró la prescripción de la acción y desestimó los medios de defensa de SOBOCE.

Contexto del fallo

El fallo del Tribunal Supremo de Justicia, notificado el 5 de febrero, establece que SOBOCE debe indemnizar a FANCESA con más de 744 millones de bolivianos. La determinación se da en el marco de una demanda interpuesta por FANCESA en 2018, alegando que SOBOCE habría incurrido en competencia desleal cuando era copropietaria de la cementera.

El alcalde de Sucre, Enrique Leaño Palenque, destacó el trabajo de las copropietarias de FANCESA – la Alcaldía, la Gobernación de Chuquisaca y la Universidad San Francisco Xavier – y felicitó a las autoridades por la coordinación en este proceso. Asimismo, resaltó el trabajo del equipo de asesores jurídicos que llevó adelante la demanda y calificó la decisión del Tribunal Supremo de Justicia como «imparcial».

Con el fallo definitivo, la justicia declaró infundado el recurso presentado por SOBOCE y consolidó la obligación de pago a favor de FANCESA, que sostiene que el monto corresponde a un daño económico sufrido durante el tiempo en que SOBOCE fue copropietaria de la empresa.