El abogado defensor de Evo Morales, Orlando Ceballos, junto con el presidente departamental del MAS en Chuquisaca, Reynaldo Cruz, denunciaron que las acciones legales y la supuesta inhabilitación del exmandatario responden a un «plan orquestado desde el Gobierno» para evitar su candidatura en las próximas elecciones.
Durante una conferencia de prensa, Cruz afirmó que «una vez más se pone en evidencia» que los procesos contra Evo Morales han sido «planificados y montados». Según explicó, estas afirmaciones fueron corroboradas por un exministro de Justicia en una entrevista reciente, en la que se reveló la participación del Ministerio de Justicia, el Ministerio de Gobierno y la Procuraduría General del Estado en un plan ejecutado por la Sala Cuarta del Tribunal Constitucional Plurinacional.
Por su parte, Ceballos señaló que «el robo de la sigla, el proceso penal contra Evo Morales y la instalación del relato de una supuesta inhabilitación» son parte de un plan gubernamental para bloquear su candidatura. Agregó que «la ciudadanía tiene que evidenciar que todo esto es parte de un intento de desestabilización política».
Asimismo, el abogado cuestionó la interpretación de la opinión consultiva 28/21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizada por el Gobierno para justificar la inhabilitación de Morales. «Esa opinión tiene 149 párrafos, pero nunca mencionan cuál de ellos prohíbe su postulación», señaló. Enfatizó que el párrafo 145 establece que «la prohibición de la reelección indefinida solo afecta a quien esté en ejercicio actual del cargo de la presidencia», situación que no aplica a Morales.
Ceballos también anunció que se presentará una denuncia ante organismos internacionales. «Esto ya se constituye en material suficiente para poner en conocimiento de Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos», sostuvo. Además, adelantó que «se solicitará una medida cautelar inmediata y de protección a favor de Evo Morales».
Finalmente, el abogado denunció el «uso perverso y macabro de las instituciones del Estado» para proscribir a Morales. «¿Cómo es posible que el Ministerio de Justicia, la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, en complicidad con dos magistrados de la Sala Cuarta, utilicen todo el aparato del Estado con la única finalidad de ensañarse contra un ciudadano?», cuestionó.
Los denunciantes reiteraron que continuarán con las acciones legales y la denuncia internacional para frenar lo que consideran «una persecución política» contra el exmandatario.
