El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó el día de hoy, que el Ministerio Público concluyó las investigaciones dentro del denominado “caso Senkata”, por los hechos de violencia suscitados en fecha 19 de noviembre de 2019, en inmediaciones de la Planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – Senkata de la ciudad de El Alto, que dejó como saldo a 10 ciudadanos bolivianos fallecidos por impacto de proyectil de arma de fuego y múltiples heridos en las mismas condiciones, en ese contexto, la comisión de fiscales asignados al caso, presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación Fiscal por el delito de Genocidio, en contra de 18 exautoridades del Gobierno de la señora Jeanine Añez Chávez, habiéndose colectado un legajo probatorio con más de 700 elementos de diferente índole que sustentan la tesis acusatoria.
“Estos hechos de igual forma, se encuentran debidamente acreditados con los elementos de prueba colectados en el curso de la investigación y que forman parte del legajo probatorio ofrecido en el requerimiento conclusivo por parte el Ministerio Público, habiéndose procedido a recabar en este caso, alrededor de 450 pruebas documentales, 25 Dictámenes Periciales, 11 Informes Técnicos de Investigación, y la recepción de 126 entrevistas 40 informativas de miembros de las Fuerzas Armadas, 30 entrevistas informativas de efectivos policiales, 50 entrevistas informativas a víctimas y 8 entrevistas a funcionarios de YPFB, entre otros”, sostuvo Lanchipa.
La autoridad explicó, que la acusación fiscal ha sido presentada contra de la ciudadana Jeanine Añez Ch., el exministro de Gobierno, Arturo C.M.P.; el exministro de Defensa, Luis F.L.J.; asi como el exministro de Hidrocarburos, Víctor H.Z.C.; del mismo modo en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis F.V.F.; excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Sergio C.O.C.; exjefe de Estado Mayor, Pablo A.G.C.; exinspector General de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Aldo B.M.; excomandante de la Armada Boliviana, Moisés O.M.H.; excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Ciro O. Á.G.; excomandante del Ejército Boliviano, Iván P.I.R.; excomandante de la Mecanizada I, Franko O.S.G.; exsub Jefe del Departamento Tercero – Logística, Julio C.T.R.; exsub Comandante del Regimiento de Satinadores I – Germán Busch – Challapata, Miguel E.S.S.; exsub Comandante de la Escuela de Cóndores de Bolivia – Yacuiba, Alfredo M.I. G.; excomandante General de la Policía Boliviana; Rodolfo A.M.T.; excomandante Departamental de La Paz de la Policía Boliviana, Julio W.C.A., y del excomandante Regional de la Policía de El Alto, Eloy I.R.D.C.
El Fiscal General manifestó que, las operaciones militares y policiales en contra de los manifestantes en Senkata fueron ejecutadas por los exministros de Gobierno, Arturo C.M.P., exministro de Defensa, Luis F.L.J., exministro de Hidrocarburos, Víctor H.Z.C., con la aquiescencia de Jeanine Añez, quien tenía en ese momento, pleno control de las fuerzas del orden y seguridad del Estado (Fuerzas Armadas y Policía Boliviana), ello a través de sus exmáximas autoridades, así como de exjefes de Unidades Operativas militares y policiales.
Recordó, que en noviembre de 2019, se vivía un escenario de conflictividad persistente en todo el Estado Plurinacional de Bolivia, en el que, la población civil en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, realizó numerosas movilizaciones, mediante constantes manifestaciones y bloqueo de vías, mismas que se incrementaron, a partir del 10 de noviembre de 2019, con exigencias de respeto al voto ciudadano y el reclamo social por las ofensas vertidas a los símbolos patrios, además del descontento generalizado por el ejercicio de las funciones de Presidente del Estado, Jeanine Añez, sin haber seguido el hilo de sucesión constitucional, aspecto que fue determinado así, por la justicia boliviana, lo que derivó en el bloqueo a la Planta de YPFB de Senkata y otros.
Lanchipa, relató que el 19 de noviembre de 2019, efectivos policiales y militares, se desplazaron de manera conjunta a la Planta de YPFB – Senkata y sus inmediaciones, dando ejecución al Plan Ogo Abreviado No. 01/2019, para la exfiltración de combustible y a la conclusión de esta operación, se ejecutaron acciones desproporcionadas de represión a través del uso de armas con municiones de guerra y vehículos mecanizados blindados, además de helicópteros y aviones-caza, todo ello, en contra de manifestantes civiles desarmados.
En ese marco, se realizó un gran despliegue de personal militar profesional que fue trasladado de otros departamentos, entre ellos, las Fuerzas de élite pertenecientes a la Escuela de Cóndores Bolivianos (ESCONBOL), Batallón de Satinadores “Germán Busch” y miembros del grupo especial F-10, munidos con armamento y munición de guerra, quienes intervinieron la Planta de Senkata, dejando como resultado al final de la jornada un saldo de 10 personas fallecidas y varios heridos, todos por impacto de proyectil de arma de fuego.
“A través de la investigación desplegada se ha llegado a establecer que el día de los hechos ningún funcionario policial o militar resultó herido y mucho menos llegó a perder la vida”, indicó la autoridad.
Lanchipa, puso en conocimiento de la población boliviana que los Requerimientos Conclusivos de Acusación fueron sometidos al respectivo Control Jurisdiccional para el enjuiciamiento público de los acusados, reafirmando su compromiso constante de lucha contra la impunidad y la defensa de los intereses generales de la sociedad, desde la legalidad.
CASO SACABA: FISCALÍA PRESENTA ACUSACIÓN EN CONTRA DE 18 PERSONAS Y PIDE 30 AÑOS DE CÁRCEL
El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó el día de hoy que el Ministerio Público concluyó la investigación en el denominado “Caso Sacaba”, en ese marco, la Comisión de Fiscales asignados al mismo presentó el Requerimiento Conclusivo de Acusación Formal en contra de 18 personas, por el delito de Genocidio, esto con relación a los hechos suscitados en fecha 15 de noviembre de 2019 en inmediaciones del Puente Huayllani, en el Municipio de Sacaba y que dio como resultado la el fallecimiento violento de diez personas y múltiples heridos, todos, por proyectil de arma de fuego, en virtud a ello, anunció que se requerirá, luego del Juicio Oral respectivo, la pena máxima de 30 años de privación de libertad para los autores y partícipes del mismo.
“Durante el curso de las investigaciones, se procedió a recibir un total de 180 entrevistas informativas de efectivos militares así como 110 entrevistas de funcionarios policiales, del mismo modo se cuenta con la entrevista de 120 personas civiles que participaron en la marcha, constituyéndose lógicamente en testigos presenciales de los hechos, además de la recopilación de una cantidad considerable de pruebas documentales, entre informes, oficios, planes de operaciones, diarios de campaña, entre otros que suman 350 literales que serán producidas en el Juicio Oral, contándose también con 10 protocolos de autopsia, informes médicos e historiales clínicos de los heridos y 18 dictámenes periciales, entre otros elementos que sustentan la teoría del caso”, sostuvo Lanchipa.
La Acusación ha sido presentada en contra de la ciudadana, Jeanine A. Ch.; el exministro de Defensa, Luis F.L.J.; el exministro de Gobierno, Arturo M.P.; el excomandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Sergio C. O.C.; el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Pablo A.G.C.; el excomandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Ciro O.Á.G.; el excomandante General de la Armada Boliviana, Moisés O.M.H.; el excomandante General del Ejército de Bolivia, Iván P.I.R.; el exinspector de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Aldo B.M.; el excomandante del C.E.O. Central de Cochabamba, Alfredo C.M.; el excomandante de la Séptima División del Ejército, Fuad G.R.E.; el excomandante de la 2da. Brigada Aérea, Oscar A.C.H.; el excomandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Boris C.P.P.; el exsub Comandante del Grupo Aéreo de Artillería y Defensa Antiaérea 92, Franz L.V.G.; el excomandante del Regimiento de Fuerzas de Comandos Aéreo-Transportados 18 Victoria, Danny O.C.R.; el exjefe de Equipo del Grupo Contra Actos e Interferencia Ilícita, Israel R.V.; el excomandante General de la Policía Boliviana, Rodolfo A.M.T. y el excomandante Departamental de la Policía Boliviana, Jaime E.Z.T.
De acuerdo a los antecedentes, la segunda semana de noviembre de 2019, diferentes sectores sociales del municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, determinación ejercer su derecho a la protesta pacífica, en reclamo al ultraje de uno de los símbolos patrios y de los pueblos originarios como es la “Wiphala”, que fue quemada por un grupo de efectivos policiales, además de las agresiones que se registraron en contra de mujeres de pollera, por parte de efectivos policiales y otros grupos irregulares.
En ese marco, el viernes 15 de noviembre de 2019, en horas de la tarde, un grupo de marchistas provenientes del Trópico de Cochabamba que se dirigía a la Plaza 14 de septiembre de esa ciudad, fue impedido en su paso y posteriormente reprimido violentamente por un contingente policial y militar que se encontraba desarrollando operaciones conjuntas, apostados en el Puente Huayllani, ubicado sobre la Av. Villazón, a la altura del kilómetro 10 del municipio de Sacaba.
En esas circunstancias, el Comandante Departamental de la Policía de ese entonces, Jaime E.Z.T., habría exigido a los marchistas despojarse de sus banderas y palos para dejarlos transitar el puente Huayllani rumbo a su destino; sin embargo, ordenó al personal policial a su mando, el empleo de gases lacrimógenos generando una especie de cortina de humo, para dar paso a los efectivos militares especializados, que hicieron uso de sus armas con munición de guerra en contra de la población civil, sin haber sido rebasados, ni existir circunstancia alguna que amerite una intervención de esas características.
El resultado de esta intervención fue el fallecimiento de diez ciudadanos bolivianos por impacto de proyectil de arma de fuego y múltiples personas heridas en las mismas condiciones.
Estos hechos habrían ocurrido luego de la planificación y ejecución operativa conjunta policial-militar, dispuesta por el nivel central de Gobierno a través de los comandantes de las Fuerzas Armadas y Policía Boliviana, quienes habrían ordenado la participación en estos hechos de grupos militares especializados, munidos con armamento y munición de guerra.
Prensa FGE
