El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, anunció este lunes que interpondrá acciones constitucionales contra el Decreto Supremo 5552, norma promulgada por el presidente Rodrigo Paz que reestructura la Vicepresidencia, transfiere su presupuesto a otros ministerios y subordina administrativamente la institución al Ministerio de la Presidencia. Lara calificó la medida como un ataque a la democracia y advirtió que, de no frenarse, otras instancias del Estado podrían ser afectadas.

Desde Santa Cruz, Lara manifestó su rechazo a la disposición que, según su lectura, lo coloca bajo dependencia del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. «Prácticamente soy un empleado de José Luis Lupo. Lamentable la situación, yo no lo esperaba», declaró .

El segundo mandatario aseguró que perdió facultades administrativas clave, como la posibilidad de contratar personal o firmar memorándums, y rechazó quedar bajo dependencia de una autoridad que, según recordó, fue candidato a la Vicepresidencia junto a Samuel Doria Medina y no resultó electo.

Los alcances del Decreto 5552

El Decreto Supremo N° 5552, promulgado el 20 de febrero, reconfigura la estructura de la Vicepresidencia eliminando sus funciones administrativas y limitando su accionar a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento jurídico . La norma reduce la institución a dos instancias operativas —la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo— mientras que el resto de sus direcciones, junto con personal, presupuesto y programas, fueron transferidos a distintos ministerios del Órgano Ejecutivo .

De acuerdo con el artículo 11 del decreto, la Vicepresidencia contará con apoyo funcional de una parte de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, que incluye la Jefatura de Gabinete, la Unidad Técnica de Apoyo Vicepresidencial, y varias unidades más . El personal asignado dependerá administrativamente del Ministerio de la Presidencia, y la Vicepresidencia no podrá contar con representaciones regionales, departamentales, municipales ni sectoriales .

Las unidades de Auditoría Interna y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia fueron autorizadas a ejercer funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia . La norma establece un plazo de transición de hasta 30 días hábiles, computables a partir del 20 de febrero .

Reacciones de la oposición

La medida generó un fuerte rechazo en diversas bancadas de la oposición. Legisladores de Libre y Alianza Social calificaron a Lupo como un «vicepresidente de facto» y cuestionaron que una autoridad designada asuma atribuciones sobre una electa . El diputado Armin Lluta sostuvo que Lara «ya es un florero sin agua», al perder la capacidad de gestionar su propio presupuesto e incluso de designar a su personal técnico .

La diputada Lissa Claros señaló que se dio paso a una «vicepresidencia de facto» y denunció que Lupo intenta ejercer el cargo que no pudo obtener de manera democrática mediante el uso estratégico de decretos ejecutivos . Por su parte, la diputada Claudia Herbas, de Alianza Social, calificó el escenario como «deplorable», señalando que la autoridad electa ahora carece de autonomía administrativa básica .

La defensa del Gobierno

En respuesta, el Gobierno defendió la legalidad del decreto. El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, René Flores, aseguró que el texto se sustenta en el artículo 174 de la Constitución Política del Estado y que no suprime las atribuciones constitucionales del Vicepresidente, como la coordinación con la Asamblea Legislativa o su participación en el Consejo de Ministros .

El texto oficial firmado por el presidente Paz señala que «es necesario equiparar la estructura de la Vicepresidencia a la naturaleza de sus funciones», enmarcándola en el rol constitucional de coadyuvar al Presidente en la conducción de la política general del Gobierno, con una organización más reducida y dependiente del aparato central.

Advertencias del Vicepresidente

Lara vinculó esta medida con la reciente denuncia que presentó contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly, por la mala calidad del combustible y el supuesto sobreprecio en la adquisición de crudo a Trafigura . El dignatario consideró que la norma es una represalia por esas denuncias y aseguró que seguirá firmes en su lucha.

«Si nos quedamos de brazos cruzados, mañana va a ser la Asamblea Legislativa Plurinacional, será el Tribunal Constitucional, será el Poder Judicial, será el Tribunal Electoral. La democracia está dañada, está herida, lamentablemente por nuestro presidente», advirtió Lara . El vicepresidente exhortó al Tribunal Constitucional Plurinacional a fallar «con justicia» y sostuvo que no se puede permitir que un presidente vulnere la democracia mediante decretos .

Lara convocó a la población a mantenerse en estado de alerta para evitar que se destruyan los logros democráticos del país. «No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, la lucha continúa. La batalla final, la más importante, la ganará el pueblo», manifestó .