La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) rechazó la decisión de una Sala Constitucional de Santa Cruz que dispuso el congelamiento de las cuentas bancarias de la Telefónica Celular de Bolivia S.A. (Tigo), advierten que solo genera perjuicios a los usuarios.
«Esta insólita determinación Judicial arriesga el acceso de miles de ciudadanos a servicios públicos de telefonía, internet y conectividad, considerados derechos fundamentales y protegidos por el art. 20.11 de la Constitución Política del Estado, que señala específicamente que éstos deben ser provistos bajo criterios de universalidad, accesibilidad, continuidad, cobertura necesaria, entre otros», dice el comunicado.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) ejecutó la orden judicial que instruye el congelamiento de cuentas, fondos y activos financieros de la empresa Telecel S.A. (Tigo) a nivel nacional. La medida responde a una acción de amparo constitucional que presentó la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), porque aparentemente la firma retransmitió los partidos de fútbol de la División Profesional sin autorización.
En ese sentido, la Confederación lamentó que se anteponga los intereses de unos cuantos en desmedro de cientos de miles de personas y familias en todo el país, que podrían verse privadas de los servicios públicos que brinda la empresa privada. Además, consideran que se vulneró el principio del debido proceso y que se haya acudido a estrados judiciales.
«Es preocupante que con esta decisión se genere un nefasto antecedente jurisprudencial que pone en cuestión una vez más la seguridad jurídica, y coloca en indefensión a las empresas frente a las decisiones arbitrarias de operadores del sistema de justicia», resalta otra parte de la nota.
Entre tanto se resuelva el proceso judicial, los empresarios pidieron a las autoridades competentes que, en cumplimiento de la norma, se restablezcan las condiciones necesarias para que la firma pueda continuar brindando sus servicios de manera normal y no perjudique a los usuarios.
«Finalmente, alertamos sobre el impacto negativo que este tipo de medidas tiene en la imagen del país, en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad del entorno empresarial», concluye el comunicado.
De acuerdo a los antecedentes, en marzo de este año la FBF envió una notificación formal a la empresa, exigiendo el pago de más de $us 15,9 millones por usar de manera ilegal la imagen de los clubes de la División Profesional y la Copa Simón Bolívar.
Los 16 clubes de la División Profesional, han anunciado que frenarán el desarrollo del campeonato si el ente judicial beneficia a la corporación transnacional.
