La Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) ha iniciado el seguimiento de un nuevo caso judicial relacionado con violencia doméstica, en el que el acusado alega haber sido víctima de una denuncia motivada por intereses patrimoniales. Así lo informó Freddy Jiménez, presidente de esta institución.

“Acabamos de tomar conocimiento de este nuevo caso que posiblemente estaría siendo una persona más procesada judicialmente por algún delito de violencia doméstica, con la Ley 348”, indicó. Según explicó, el implicado ya habría cumplido una detención preventiva de un mes en el penal de San Roque, aunque “no se ha llegado a demostrar absolutamente la culpabilidad de esta persona”.

De acuerdo con la versión preliminar, el proceso se habría iniciado por una denuncia interpuesta por la hermana del acusado. “Lo que manifiesta el señor es que esta denuncia surge a raíz de la hermana, quien estaría pretendiendo quedarse con el patrimonio de los padres y deshacerse de este señor para que ella pueda declararse heredera universal”, detalló Jiménez.

El caso se encuentra aún en análisis. “Esta tarde vamos a revisar todo el expediente, todos los actuados que ya se han aplicado, y ver la manera de cómo podemos colaborar, hacer el seguimiento y acompañamiento de esta persona que se siente víctima”, señaló.

La APDH ha registrado otros casos similares. “Hay varios casos que nosotros hemos atendido como institución en los que se ha llegado a absolver a estas personas justamente por la buena aplicación de la normativa”, dijo Jiménez. Asimismo, advirtió que existen denuncias de uso indebido de la Ley 348 por parte de algunos consorcios de abogados. “Recordemos que hay consorcios, no solamente a nivel nacional, también departamental y municipal, que utilizan algunas pretensiones para perjudicar a exparejas, hermanos, padres, amparados con la ley 348”, afirmó.

El representante de la APDH manifestó que, si bien la ley es necesaria para proteger a las mujeres víctimas de violencia, también debe garantizar el derecho a la defensa. “Tiene que haber una ley que proteja a este sector vulnerable como en este caso a las mujeres, pero que no sea tan letal como para perjudicar los derechos de las personas sindicadas injustamente”, expresó.

En este contexto, Jiménez recordó que la normativa vigente permite interponer contradenuncias en caso de falsas acusaciones. “Una denuncia falsa y temeraria perjudica el honor, la fuente laboral y genera antecedentes que afectan el futuro de la persona acusada”, apuntó.

Finalmente, recomendó a quienes se sientan injustamente señalados acudir a instituciones como la APDH o el Defensor del Pueblo. También señaló que el problema está vinculado en parte al factor económico y a la existencia de redes que operan con fines fraudulentos. “Esperemos que el Ministerio Público esté actuando de manera silenciosa y que en un futuro tengamos resultados fructíferos para sancionar a estas personas tal cual establece la normativa”, concluyó.