Sucre, 5 de enero (ANV).- Durante la ceremonia de inauguración del Año Judicial 2026 en Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ofreció una inédita justificación personal para su agenda de reformas al revelar un antecedente propio de encarcelamiento preventivo, al mismo tiempo que brindó un contundente aval constitucional a los polémicos decretos del presidente Rodrigo Paz. El acto también fue escenario de una solicitud pública de aumento presupuestario para el Órgano Judicial, planteada por el nuevo presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, directamente al mandatario nacional.
Romer Saucedo, cuya gestión al frente del TSJ ha estado marcada por acusaciones de liderar redes de presión internas, decidió abordar frontalmente las críticas vinculando su pasado con su política judicial. El magistrado detalló que, a los 21 años, estuvo privado de libertad durante un año y cinco meses tras un incidente donde, según su relato, defendió a su madre. Aseguró que este caso ejemplifica los abusos del sistema que busca corregir. «Decidimos resistir y demostrar que la verdad siempre sale a la luz y después de un año y cinco meses tuvimos justicia», precisó Saucedo, atribuyendo su calvario a «mafias judiciales» que también habrían perseguido a su familia.
En un giro hacia la coyuntura política nacional, el presidente del máximo tribunal hizo una defensa explícita de los Decretos Supremos 5503 (de ajuste económico) y 5515 (que permite el ejercicio presidencial a distancia), emitidos por Paz y cuestionados por sectores como la Central Obrera Boliviana (COB). Apelando a un principio de derecho público, Saucedo argumentó: «Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución Política no manda; en otras palabras, lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido». Concluyó dirigiéndose simbólicamente al presidente al afirmar, «lo que usted hizo, Presidente, es constitucional y lo está haciendo por el bien de Bolivia».
La agenda interna del Órgano Judicial fue expuesta por Carlos Spencer, flamante presidente del Consejo de la Magistratura. En un discurso dirigido al presidente Paz, Spencer realizó una petición concreta: incrementar el presupuesto de la justicia. Fundamentó su pedido en una crítica a la actual dotación de jueces, señalando que Bolivia cuenta con apenas 1.203 jueces para atender a una población de once millones de habitantes, una distribución que consideró claramente insuficiente para garantizar el acceso a la justicia en los nueve departamentos.
Spencer amplió su diagnóstico al afirmar que la credibilidad de la justicia en el país «está por los suelos», comprometiéndose a trabajar para revertir esa percepción y eliminar persecuciones políticas. Garantizó que el Consejo de la Magistratura ejercerá con rigor su facultad de sanción y destitución sobre los administradores de justicia que incumplan la normativa. Como medida para recuperar capacidades institucionales, también solicitó al Ejecutivo la reversión de la administración del notariado, actualmente bajo control del extinto Ministerio de Justicia, de vuelta al Consejo.
