Sucre, 13 de noviembre (ANV).- Un análisis sobre la reforma judicial en Bolivia ha sido presentado por Israel Quino, quien ha delineado una serie de criterios y propuestas para abordar las deficiencias actuales del sistema. Entre los puntos clave, Quino enfatiza la necesidad de cesar a los ciudadanos «autoprorrogados» en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que «no se puede pensar la reforma judicial con la presencia de ciudadanos que han defenestraron el estado constitucional de derecho en el país».
Además, propone eliminar la elección de magistrados por voto popular, implementar la meritocracia en la designación de jueces, aumentar el presupuesto judicial, eliminar los viajes internacionales para magistrados, expandir la presencia judicial en municipios, digitalizar los procedimientos, cerrar las salas constitucionales, garantizar la gratuidad de la justicia y restablecer la independencia del órgano judicial.
En primer lugar, Quino subraya la importancia de remover a los individuos que, según su criterio, se han «autoprorrogado» en el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Esta medida, según el experto, es fundamental para cualquier proceso de reforma, ya que considera que la presencia de estas personas ha «defenestraron el estado constitucional de derecho en el país».
En segundo lugar, se plantea la eliminación de la elección de magistrados por voto popular, una práctica que, según Quino, ha sido un «error» en los tres procesos anteriores y no ha generado cambios positivos en la justicia. En su lugar, se propone la implementación de la meritocracia en la designación de jueces, a través de comisiones interórganos de poder, valorando criterios de competencia y exámenes, en contraposición a la «cartoncracia».
Respecto al presupuesto, Quino señala que el actual 0.35% del presupuesto general del Estado es «inviable» y sugiere un incremento al 1%, designado por ley. Critica que el 88% del presupuesto actual se destina a salarios y el 12% restante a partidas administrativas. En este sentido, propone eliminar los presupuestos para viajes y viáticos de los magistrados, argumentando que «los magistrados han sido elegidos para que ejerzan jurisdicción en nuestro país, no para participar de cocteles internacionales».
Otro punto relevante es la cobertura judicial en los municipios. Quino destaca que el 49% de los municipios cuenta con un juez, lo que implica que el 51% restante de la población no tiene acceso al derecho de justicia. Para abordar esta situación, se propone la oralidad en todos los procedimientos, la digitalización plena de memoriales, cuadernos de investigación y jurisdiccionales.
Finalmente, Quino aboga por el cierre de las salas constitucionales, la garantía de la gratuidad plena para la comunidad litigante y el restablecimiento de la independencia del órgano judicial. Estas medidas, según el experto, son esenciales para «restablecer la vigencia del estado de derecho, recuperar la vigencia plena de la Constitución Política del Estado y restaurar la democracia».
