Dos ex altos cargos de hidrocarburos de la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez son imputados por el “caso seguros” y enfrentan una pena de 10 años de cárcel por tres delitos más sus agravantes.
Según el director de la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Aldrin Barrientos, se presentó la acusación formal para llevar a juicio al exministro de Hidrocarburos, Víctor Hugo Zamora y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Herland Soliz, además de dos exfuncionarios de la estatal.
Se les atribuye tres delitos de “corrupción pública” como son resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
De acuerdo con la investigación, hubo una contratación directa de Seguros Generales en abril de 2020, considerada irregular, por aplicar la modalidad de emergencia cuando la norma no permite aplicar esta excepcionalidad en esas circunstancias, reportó ERBOL. Para “evadir los procesos públicos de licitación” habilitaron la Resolución 78/2020 el 31 de marzo de ese mismo año.
Soliz es acusado por haber emitido deliberadamente una resolución, vulnerando las normas, para realizar la contratación y Zamora por convalidarla.
Aunque el proceso fue observado y dejado sin efecto, los daños identificados tienen que ver con el funcionamiento del aparato estatal y el perjuicio ya que “se deterioró la imagen de YPFB en el exterior”.
Ambos fueron declarados rebeldes puesto que no fueron habidos por las autoridades de justicia y tienen una orden de aprehensión en su contra.
Los otros dos acusados que cuentan con medidas cautelares (arraigo) en este proceso son la ex gerente legal de YPFB, Elizabeth G. C., y Daniel T. F., que era jefe de gabinete del Ministerio de Hidrocarburos.
El representante del Ministerio Público explicó, según ABI, que se tiene 61 pruebas testificales y 108 pruebas documentales colectadas en la etapa preparatoria de la investigación.
En YPFB existen al menos tres procesos contra los ex altos cargos por los casos seguros, alimentación y contratos directos.
