Sucre, 5 de febrero (ANV).- El magistrado Carlos Ortega del Tribunal Supremo de Justicia ha expresado su postura crítica respecto a un proyecto de ley que busca sancionar la infidelidad o adulterio, calificándolo como una «discusión retrógrada» y un «retroceso absoluto en el ejercicio de nuestras libertades personales». Ortega argumenta que la legislación boliviana actual protege la autodeterminación sexual y el libre desarrollo de la personalidad, en contraste con el Código Penal de 1834 que sí sancionaba el adulterio con penas privativas de libertad.
Según el magistrado, en 1834, el primer Código Penal boliviano sancionaba la infidelidad o adulterio con penas de 2 a 6 años de prisión, siendo el varón el sujeto pasivo y la mujer el sujeto activo del delito. En aquel entonces, este tipo delictivo protegía la moralidad pública. Sin embargo, Ortega señala que el desarrollo social ha consolidado los derechos a la libertad, y el actual Código Penal se enfoca en los delitos sexuales protegiendo la libertad sexual, no la moral.
La Constitución Política del Estado actual, según Ortega, establece que el Estado boliviano respeta el libre desarrollo de la personalidad. Esto implica que el Estado no puede intervenir para sancionar aspectos de moralidad o libertad personal, ya que esto solo ocurre en «estados fundamentalistas». El magistrado enfatiza que Bolivia es un estado social y democrático de derecho que respeta las libertades personales.
Ortega concluye que la aprobación de un proyecto de ley que sancione la infidelidad sería una injerencia del Estado en las libertades individuales y convertiría a Bolivia en un estado fundamentalista en cuanto a las moralidades públicas, que considera subjetivas. En su opinión, Bolivia debería enfocarse en problemas más graves como el acceso a la educación, el trabajo, el desarrollo económico y la profundización de las libertades personales, en lugar de preocuparse por «aspectos de moralidad personal y moralidades públicas que son absolutamente subjetivas».
