La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, por presunta organización criminal y narcotráfico, se suma a una serie de casos en la región en los que fiscales generales fueron removidos o destituidos en medio de crisis políticas; en El Salvador, Nayib Bukele destituyó al fiscal Raúl Melara el mismo día en que su partido obtuvo la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa en 2021; en Estados Unidos, Donald Trump despidió a la fiscal general interina Sally Yates en 2017 por negarse a defender su veto migratorio; y en Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente destituyó a Luisa Ortega Díaz en 2017 tras su distanciamiento del chavismo.

En El Salvador, la destitución de Raúl Melara ocurrió el 1 de mayo de 2021, inmediatamente después de que el partido de Bukele obtuviera la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa. La destitución fue fulminante y se argumentó que el fiscal carecía de independencia por supuestos vínculos con partidos opositores. En su lugar, el oficialismo impuso a Rodolfo Delgado.

En Estados Unidos, Donald Trump despidió a la fiscal general interina Sally Yates el 30 de enero de 2017, diez días después de asumir la presidencia. El motivo directo fue que Yates ordenó a los abogados del Departamento de Justicia no defender en los tribunales el veto migratorio decretado por el mandatario contra ciudadanos de varios países de mayoría musulmana. Poco después, la administración solicitó la renuncia abrupta de 46 fiscales federales en todo el país.

En Guatemala, durante el mandato de Alejandro Giammattei, se intensificó el desmantelamiento de las fiscalías anticorrupción. En julio de 2021, con el aval tácito del Ejecutivo, se removió de forma abrupta a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). La decisión provocó una masiva ola de protestas y condena internacional.

En Venezuela, la Asamblea Nacional Constituyente destituyó a la fiscal general Luisa Ortega Díaz el 5 de agosto de 2017. Ortega Díaz, originalmente aliada del chavismo, comenzó a distanciarse del gobierno denunciando la ruptura del hilo constitucional. Fue reemplazada de inmediato por Tarek William Saab, quien renunció a su cargo en febrero de 2026.

En Argentina, la procuradora general Alejandra Gils Carbó denunció en 2025 una maniobra del Gobierno para sacarla del cargo. Gils Carbó sostuvo que existía un intento de destituirla por decreto y advirtió que esa acción expondría a cualquier fiscal a ser removido por decisión del Ejecutivo.

Los casos comparten un patrón: fiscales generales que investigaban a figuras poderosas o que se distanciaron del gobierno de turno fueron removidos en medio de crisis institucionales. Las destituciones generaron condenas internacionales, protestas ciudadanas y cuestionamientos sobre la independencia del Ministerio Público en cada país.