El vicepresidente Edmand Lara salió en defensa del ministro de Justicia Freddy Vidovic, presentando un certificado de antecedentes penales que demostraría la inexistencia de sentencias condenatorias en su contra, mientras denuncia una campaña de «difamación» por parte de «grupos de poder de Santa Cruz» que buscarían instalar a Martín Camacho en el cargo, durante un extenso mensaje a la nación transmitido por redes sociales.

Lara mostró documentación oficial que indica que Vidovic «no registra antecedente penal referido a ascendencia condenatoria ejecutoriada», desmintiendo las publicaciones que lo vinculaban al caso de la fuga del empresario peruano Martín Belaunde en 2015. El vicepresidente atribuyó las acusaciones a intereses que buscan «apoderarse del sistema de justicia» mediante «sicarios de la información».

El certificado presentado por el vicepresidente contradice registros periodísticos de 2015 que documentaban la sentencia de tres años de cárcel para Vidovic por «favorecimiento a la evasión y cohecho en grado de complicidad» en el caso Belaunde, según informes del fiscal departamental de La Paz de esa gestión. Lara aseguró que su entonces abogado fue «secuestrado y torturado» para obtener declaraciones sobre el paradero de Belaunde.

El vicepresidente reveló tensiones internas al admitir que el presidente Rodrigo Paz habría recibido presiones para destituir a Vidovic, cuyo nombramiento fue propuesto personalmente por Lara. «Si Rodrigo Paz quiere destituir a Freddy Vidovic, que lo haga, pero no hay ninguna prueba en contra», declaró, al tiempo que confirmó su intención de participar activamente en el gabinete ministerial pese a las objeciones del mandatario.

La defensa incluyó un relato personal sobre cómo Vidovic lo habría defendido gratuitamente cuando Lara enfrentaba procesos judiciales como ex policía. El vicepresidente identificó al abogado Martín Camacho como principal operador de la campaña contra el ministro, describiéndolo como exjuez con «mala trayectoria» que representa intereses cruceños.

El mensaje concluyó con un llamado a «enterrar la corrupción» y una advertencia sobre la disposición del vicepresidente a «poner el pecho a las balas» por esta causa. La Fiscalía General no se ha pronunciado sobre la contradicción entre el certificado presentado y los registros históricos del caso Belaunde.