El Ministerio Público presentó imputación formal contra Róger Mariaca, Alberto Zeballos, Rubén Aparicio y Martín Irusta por tráfico de sustancias controladas y organización criminal; la Fiscalía solicitó seis meses de detención preventiva en San Pedro y Patacamaya; y el Senado aprobó un proyecto de ley que suspende al fiscal general si es imputado o tiene medida cautelar.
Los fiscales Daniel Portales Barja y Edwin Sarmiento Valdivia presentaron la imputación el 2 de octubre. El documento atribuye provisionalmente a los cuatro imputados el delito de tráfico de sustancias controladas, tipificado en el artículo 48 de la Ley 1008.
La Fiscalía también imputó a los cuatro por organización criminal, prevista en el artículo 132 bis del Código Penal. Los fiscales solicitaron al juez la detención preventiva por seis meses para garantizar el sometimiento al proceso.
El Ministerio Público pidió que Mariaca y Zeballos sean enviados al recinto penitenciario de San Pedro. Para Rubén Aparicio y Martín Irusta solicitó su reclusión en el recinto penitenciario de Patacamaya, ambos en La Paz.
La Fiscalía argumentó la existencia de probabilidad de autoría y riesgos procesales de fuga y obstaculización. Señaló que aún existen actos investigativos pendientes y que la detención es necesaria para la averiguación de la verdad.
El Juzgado 5.º de Instrucción Cautelar fijó la audiencia de medidas cautelares para las 5:00 de la madrugada. Los cuatro imputados se encuentran en calidad de aprehendidos y esperan la decisión del juez cautelar.
El abogado Cristhian Sánchez informó que el fiscal Alberto Zeballos fue imputado formalmente. Sánchez aseguró que la defensa no encontró elementos suficientes para sustentar las imputaciones y pidió respeto al debido proceso.
«No existen elementos de convicción, elementos de prueba, elementos inciertos que den cuenta que se pueden construir esas imputaciones», sostuvo Sánchez. El abogado observó que el proceso radica en La Paz pese a que los hechos habrían ocurrido en Santa Cruz.
El Senado aprobó un proyecto de ley que establece la suspensión temporal del fiscal general del Estado. La norma se aplicaría cuando exista una imputación formal en su contra o se dicte una medida cautelar en el marco de un proceso penal.
La decisión sobre la situación jurídica de los cuatro imputados corresponde al juez cautelar. La audiencia se desarrolla en la madrugada de este viernes en el Juzgado 5.º de Instrucción Cautelar de La Paz.
La aprehensión de Mariaca se produjo días después de que Estados Unidos le revocara la visa. El Departamento de Estado lo acusó de haber solicitado y recibido sobornos para facilitar actividades de narcotráfico.
