Sucre, 22 de agosto (ANV). Representantes de la prensa de Chuquisaca y de la Confederación Nacional de la Prensa realizaron este jueves un mitin en puertas de la Fiscalía General del Estado para exigir avances en las investigaciones de agresiones contra periodistas registradas en el país.
La medida responde a la preocupación del sector por la falta de resultados en procesos abiertos en años anteriores. “A la fecha son más de 30 casos de agresiones a nuestros colegas periodistas y esto preocupa definitivamente a comparación de la gestión 2024”, señaló la dirigente Daniela Valdez durante la concentración.
Los periodistas presentaron una carta dirigida al fiscal general, Roger Mariaca, en la que solicitan un informe sobre las denuncias ingresadas y el seguimiento a cada caso. Según Valdez, la cifra de incidentes alcanza los 33 casos a nivel nacional tras un nuevo hecho reportado en Oruro.
“Nosotros exigimos que se haga justicia con todos aquellos agresores que reciban la sanción que corresponde, porque definitivamente no hemos visto hasta el momento alguno de estos agresores que se haya sancionado”, agregó Valdez, quien también reclamó que en ningún caso se haya recuperado el material de trabajo sustraído a periodistas durante coberturas.
Entre los hechos denunciados se incluye el ataque a una emisora en el municipio de Camargo, además de agresiones en contextos electorales. “Basta, suficiente con estas agresiones. Nos ven un blanco para ataque cuando estamos haciendo nuestra labor periodística”, manifestó la representante.
Por su parte, Kalinka Soto, también ejecutiva del sector, advirtió que existen casos que permanecen en etapa investigativa durante años sin resultados. “Son ellos —el Ministerio Público— los que deben dar el lineamiento de cómo debe proceder la investigación de los hechos. Todo queda en investigación y ahí terminó. No se da con responsables, no se tienen nombres, no se tiene absolutamente nada”, afirmó.
El sector anunció que continuará con gestiones ante las autoridades nacionales y convocó a los legisladores electos a trabajar en una ley que garantice el ejercicio del periodismo y la protección de los trabajadores de la información.
