El ministerio de Defensa, informó que desde ayer se desplazan militares y fuerzas especiales en San Ignacio de Velasco, en coordinación con las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. La medida responde a cuatro asesinatos a tiros ocurridos en menos de 48 horas en ese municipio fronterizo y a pedidos de autoridades locales y departamentales.

Entre las unidades movilizadas está la F10, entrenada para misiones especiales. Los efectivos permanecerán el tiempo que sea necesario, sin fecha fijada para el retiro, según se indicó. El Gobierno también anunció coordinación con el Ministerio de Gobierno para reforzar la presencia policial en la región.

Esa cartera informó que instruyó al Comando General de la Policía entregar resultados inmediatos y que buscará cooperación con la Policía Federal de Brasil. La decisión llega tras una seguidilla de ataques armados.

Dos hombres fueron asesinados durante la madrugada del domingo, con unos 15 minutos de diferencia. Otros dos fueron acribillados la noche del lunes dentro de un inmueble del barrio San Martín. Con estos hechos suman cuatro muertes en menos de 48 horas.

La Policía y la Fiscalía investigan los casos para establecer las circunstancias, identificar a los autores y determinar si existe conexión entre los ataques. El escenario provocó alarma por la forma de los ataques y por grafitis vinculados preliminarmente con organizaciones criminales brasileñas.

Las investigaciones aún deben establecer responsabilidades. La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz expresó su preocupación por el avance de la violencia y el sicariato. El asambleísta Luis Ernesto Ruiz advirtió que el problema ya no puede ser considerado exclusivo de San Ignacio.

Ruiz pidió fortalecer inteligencia, investigación criminal, control fronterizo y patrullaje, además de respaldar la participación de las Fuerzas Armadas dentro del marco constitucional. La Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) exigió una respuesta inmediata.

Su presidente, Neptaly Mendoza, sostuvo que, si la Policía fue rebasada, debe intervenir el componente militar que corresponda. Amdecruz planteó un blindaje fronterizo, inteligencia policial y militar, investigación de los responsables y acciones para evitar que la Chiquitania sea utilizada como corredor del crimen organizado.

El alcalde ignaciano, Felman Gómez Paesano, describió la situación en su municipio como un estado de indefensión y reclamó mayor presencia estatal. “Necesitamos la presencia del Estado en San Ignacio”, afirmó. También señaló debilidades en el control migratorio: Migración cuenta, según dijo, con solo dos funcionarios para atender un flujo importante de personas.

Advirtió que, sin apoyo nacional, el municipio podría recurrir a Brasil para fortalecer el control fronterizo. La Gobernación cruceña convocó para hoy miércoles una reunión del Consejo Departamental de Seguridad Ciudadana, con participación prevista de autoridades nacionales y regionales.

El encuentro buscará definir nuevas medidas frente a la escalada de violencia y coordinar las acciones de la Policía, las Fuerzas Armadas y otras instituciones.