El vocero presidencial, José Luis Gálvez, advirtió que el Gobierno recurrirá a medidas más drásticas si la Asamblea Legislativa aprueba la continuidad del Estado de Excepción. Señaló que, de ser necesario, se dictará estado de sitio y se utilizará la fuerza constitucional.
«De ser necesario se va a dictar estado de sitio», afirmó Gálvez. El vocero agregó que «se va a utilizar la fuerza constitucional, se va a militarizar y se van a conculcar los derechos que constitucionalmente están en el marco de la ley permitidos».
Gálvez justificó la solicitud de ampliación señalando que las condiciones que llevaron al Gobierno a adoptar la medida aún permanecen. Recordó los 53 días de bloqueos que afectaron el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno.
«Durante estos 90 días no hubo eso», afirmó el vocero. Destacó que en el periodo de vigencia del Estado de Excepción no fue necesario recurrir al estado de sitio. Señaló que hubo protestas, pero fueron resueltas mediante el diálogo.
«Las amenazas de bloquear, de poder privar de la circulación y de romper el orden constitucional siguen vigentes», advirtió Gálvez. Por esa razón, el Ejecutivo aprobó un decreto supremo para solicitar a la ALP la ampliación por otros 90 días.
El vocero sostuvo que el objetivo es garantizar la normalidad en las actividades de la población. «No nos podemos permitir el lujo de estar bloqueados, de tener que mendigar por los alimentos», afirmó, al defender la medida ante las críticas de sectores políticos.
«¿Por qué no seguir garantizando el bienestar de los bolivianos?», cuestionó Gálvez. Insistió en que la ampliación no busca eliminar derechos, sino proteger el derecho a circular, trabajar y abastecerse con normalidad.
El vocero explicó que la Asamblea tiene 72 horas para tratar la solicitud. La aprobación requiere mayoría simple de los parlamentarios presentes. El procedimiento es distinto al de la declaratoria inicial, según precisó.
Si la Asamblea rechaza la ampliación, el Estado de Excepción terminará. Si no trata la solicitud y transcurren las 72 horas, «serán los constitucionalistas y juristas los que tendrán que darnos la respuesta», afirmó Gálvez.
