El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, reconoció este jueves que el Decreto Supremo 5676, que fija el diésel a Bs 18 para grandes consumidores, responde a una “condición” del Fondo Monetario Internacional (FMI). La declaración contrasta con lo afirmado por el entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, el 29 de julio, cuando aseguró que el FMI no impuso condiciones a Bolivia.

“El Decreto 5676 es uno de los condicionamientos que tenemos de parte del FMI, en tanto liberación del precio de los hidrocarburantes”, afirmó Aramayo ante alcaldes del país. La autoridad explicó que el subsidio al diésel no es sostenible y “está desangrando el Tesoro General de la Nación”.

El 29 de julio, Espinoza había señalado que el acuerdo por $us 1.900 millones era “el resultado de la confianza” generada por el plan de reformas del Gobierno. El entonces ministro aseguró que el FMI valoró como “sostenible” el programa económico boliviano, sin imponer condiciones.

El FMI informó el 29 de julio que alcanzó un acuerdo técnico con Bolivia por 36 meses y $us 1.900 millones. El comunicado del organismo no menciona el DS 5676, pero establece que el programa busca “reducir vulnerabilidades fiscales”, “racionalizar el gasto” y “eliminar distorsiones”.

En su evaluación de 2025, el FMI ya había recomendado a Bolivia retirar gradualmente los subsidios a los combustibles. El DS 5676, promulgado el 16 de agosto, establece un precio de Bs 18 por litro para clientes directos y grandes consumidores.

El decreto ha generado un fuerte rechazo de productores agropecuarios, transportistas y municipios. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) exige su abrogación y advierte con medidas de presión. La Federación de Asociaciones Municipales (FAM) pidió al presidente Paz dejar sin efecto la norma.

El presidente Rodrigo Paz descartó la abrogación del decreto y afirmó que “se lo puede mejorar, pero no se abrogará”. Aramayo también cerró esa posibilidad: “No se abroga”. El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, propuso una reglamentación, pero no convenció a los productores.

La revelación de Aramayo cambia el eje del conflicto: la discusión ya no se limita al precio del diésel, sino a las condiciones que Bolivia debe cumplir para acceder al financiamiento del FMI. Mientras tanto, las protestas incluyen bloqueos en la ruta Santa Cruz–Trinidad y movilizaciones en Guarayos.