Sucre, 4 de septiembre (ANV).-El delegado defensorial Humberto Mayorga afirmó que la Defensoría del Pueblo mantiene una agenda centrada en derechos humanos, por lo que cualquier proceso judicial debe garantizar el respeto al debido proceso. “Es importante siempre resaltar que para cualquier persona, independientemente de su condición, se debe respetar el debido proceso”, señaló.
Mayorga informó que la institución presentó recientemente un reporte sobre la población penitenciaria joven, de 18 a 28 años, en el que se identifican carencias estructurales y falta de políticas penitenciarias integrales. “Esta población necesita una atención integral y cuando hablamos de atención integral, no solamente nos debemos enfocar en la persona privada de libertad, sino en el contexto, en el entorno”, explicó.
El delegado advirtió que el hacinamiento afecta no solo a los internos, sino también a policías y personal administrativo. “Así como es difícil el hacinamiento para una persona privada de libertad, con seguridad ese hacinamiento también llega a los policías”, dijo. Además, remarcó la problemática en días de visita, donde la presencia de niños y la falta de acceso a servicios básicos agravan la situación.
Sobre el caso del exministro Arturo Murillo y la situación de detención preventiva, Mayorga sostuvo que no corresponde a la Defensoría pronunciarse sobre decisiones judiciales específicas, pero reiteró la posición institucional: “En realidad no se debe vulnerar los derechos de nadie”. Asimismo, recordó que la institución alertó desde 2022 sobre el uso excesivo de la detención preventiva.
En cuanto a la infraestructura penitenciaria, el delegado criticó la falta de regularización del derecho propietario en recintos de Sucre, lo que impide inversiones estatales. También insistió en la necesidad de un enfoque de género y derechos humanos en el penal de mujeres, que enfrenta serias limitaciones en infraestructura y servicios.
Mayorga adelantó que existe en análisis una propuesta de indulto que podría beneficiar a algunos internos, aunque precisó que es una decisión privativa del Ejecutivo. “Habrá que ver cuál es el espíritu que tiene este indulto y esta amnistía”, indicó.
Finalmente, resaltó la urgencia de diseñar una política penitenciaria integral que contemple a adultos mayores, personas con discapacidad y grupos vulnerables. “Es importante también tener una mirada a estos grupos poblacionales en alto riesgo de vulnerabilidad”, concluyó.
