Sucre, 14 de noviembre (ANV).- La Defensoría del Pueblo, a través de Humberto Mayorga, delegado defensorial de Chuquisaca, ha presentado un documento a los diferentes órganos del Estado con una propuesta para el diálogo interinstitucional sobre la reforma judicial. Este documento surge en un contexto de «evidente crisis en el tema de la justicia», según lo reconocido por la Defensoría del Pueblo en sus informes anuales de derechos humanos. La institución enfatiza la necesidad de una reforma que sea una política pública con un fuerte contenido de derechos humanos, y que sea compartida y analizada con diversos sectores de la sociedad.

La propuesta de la Defensoría del Pueblo se centra en la independencia y la transparencia del sistema judicial. Se sugiere un incremento presupuestario para el sistema judicial, entre el 3% y el 5% del presupuesto general del Estado, para alcanzar las metas institucionales de Bolivia en materia de justicia. Además, se busca promover una cultura institucional de transparencia en los procesos de ingreso, evaluación y ascenso dentro de los servicios judicial y fiscal, basando la idoneidad profesional en el mérito.

En cuanto a la elección de magistrados y consejeros, la Defensoría propone un debate amplio entre interlocutores calificados para la sociedad, con el fin de establecer un nuevo sistema de justicia y selección de autoridades judiciales. Se destaca la importancia de diferenciar entre postulación y designación, donde los aspirantes deben pasar por una fase técnica de calificación de antecedentes y calidades para garantizar la autonomía judicial y plural.

Las reformas normativas propuestas incluyen un fuerte enfoque en derechos humanos, con el sistema penal basándose en una política criminal acorde a los estándares de derechos humanos. Se busca garantizar una justicia especializada en delitos de violencia de género y permitir la aplicación adecuada y excepcional de la detención preventiva. También se menciona la aplicación efectiva de la Ley 348, el fortalecimiento del sistema penal para adolescentes y una reforma a la Ley 1008.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo aborda la modernización tecnológica del sistema de justicia. Si bien se reconoce el avance en la digitalización de expedientes, se subraya la necesidad de progresar en el uso adecuado de la inteligencia artificial, incluyendo algoritmos que permitan su uso «con las salvaguardas necesarias en los estándares éticos aplicables en materia de justicia». La eliminación del papel y el avance de las firmas digitales se consideran elementos clave para una justicia diferente en materia de derechos humanos. Este documento busca generar un debate que permita una «justicia independiente, transparente que garantice los derechos humanos».