Sucre, 9 de febrero (ANV).- Documentos oficiales a los que tuvo acceso RED DTV evidencian que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) estaría pagando un sobreprecio de aproximadamente 4 millones de dólares mensuales en la compra de crudo, tras sustituir a la empresa Botrading S.A. por Trafigura como proveedora bajo la actual gestión del presidente Rodrigo Paz. La comparación de los contratos de ambas gestiones muestra diferencias sustanciales en el «premio» o margen pagado por barril.

El contrato N.º 48, firmado con Botrading S.A. el 15 de febrero de 2024, establecía un premio de 9,10 dólares por barril entregado en la estación Pocitos (Yacuiba) y de 18,41 dólares por barril en la terminal de Sica Sica (Arica, Chile). Este margen representa la ganancia del trader intermediario, aparte del precio internacional del petróleo.

En contraste, el contrato vigente suscrito con Trafigura, bajo la modalidad de invitación directa y fechado el 13 de enero de 2026, fija un premio de 20,88 dólares por barril en Pocitos y de 22,82 dólares en la terminal de Arica. Esto representa un incremento del 129% en el punto de entrega de Pocitos y del 24% en Arica, respecto a los valores del contrato anterior.

Según las cifras de demanda estipuladas en el contrato con Trafigura, el análisis financiero es contundente. Para un volumen de 715,000 barriles entregados en Arica, el costo del premio con Botrading habría sido de 13.16 millones de dólares, mientras que con Trafigura asciende a 16.36 millones, generando una diferencia de más de 3.1 millones de dólares solo por ese concepto.

La disparidad se agudiza en la estación de Pocitos, donde la demanda mensual es de 50,000 barriles. Bajo el contrato anterior, el costo mensual del premio era de 455,000 dólares. Con el nuevo contrato, el mismo volumen tiene un costo de 1.044 millones de dólares, una diferencia de 589,000 dólares mensuales. La sumatoria de ambos conceptos se aproxima a los cuatro millones de dólares de sobrecosto mensual señalado.

Las revelaciones generan interrogantes sobre el proceso de selección del nuevo proveedor y la justificación técnica para aceptar márgenes significativamente más altos por el mismo producto, con las mismas especificaciones y en los mismos puntos de entrega. El caso trasciende a YPFB, involucrando directamente al Ministerio de Hidrocarburos y a la Presidencia del Estado.

El escándalo se produce en un contexto de crisis de confianza por la reciente venta de «gasolina basura» que dañó miles de vehículos y mientras la población enfrenta dificultades económicas. Las revelaciones exigen una explicación inmediata y una revisión urgente de los contratos por parte de las máximas autoridades, bajo la sombra de posibles responsabilidades por un eventual daño económico al Estado.