Sucre, 16 de marzo (ANV).- Representantes del rubro de la construcción a nivel nacional han manifestado su preocupación por la crítica situación que atraviesan las empresas del sector. Lisandro Azurduy, representante de los constructores, y Alina Zárate, dirigente de la CADECO Chuquisaca, han denunciado la falta de atención por parte del gobierno, la ausencia de reajuste de precios en los contratos y el retraso en el pago de planillas, lo que ha llevado a la paralización de obras y al despido de personal.
Según Azurduy, «las empresas constructoras a nivel nacional hemos cumplido con nuestras obras, hemos construido caminos, escuelas, hospitales y muchos tipos de obras que han beneficiado a nuestra población. Pero lamentablemente nos encontramos hoy en la realidad de que el gobierno no nos toma atención» dijo.
Los constructores señalan que, a pesar del aumento generalizado de los costos de mano de obra, cemento, fierro, diésel y gasolina, los contratos se mantienen con precios antiguos.
Esta situación se agrava con el impago de planillas, con casos de empresas que llevan más de dos años sin recibir pagos, mientras sus trabajadores y proveedores exigen el cumplimiento de sus obligaciones.
Alina Zárate, por su parte, ha enfatizado que «las obras se encuentran paralizadas. No tenemos personal trabajando». La dirigente de la CADECO Chuquisaca ha explicado que, desde la subida del combustible en diciembre y el incremento del dólar, los materiales de construcción han experimentado aumentos significativos, algunos superando el 200%.
Ante esta realidad, las empresas no están en condiciones de seguir financiando los precios anteriores a estas subidas.
Los representantes del sector han solicitado un reajuste de precios mediante un decreto supremo y han advertido que, de no haber una respuesta, se verán obligados a tomar otras medidas, incluyendo huelgas de hambre y bloqueos.
Han señalado que, a pesar de haber presentado informes técnicos al gobierno para buscar soluciones, hasta el momento solo han encontrado «oídos sordos». La situación pone en riesgo no solo a las empresas constructoras, sino también a los albañiles, subcontratistas, pintores, carpinteros, electricistas, plomeros y a las familias de todos los trabajadores del rubro.
