Sucre, 19 de diciembre (ANV).- El reciente «decretazo» de emergencia económica emitido por el gobierno de Rodrigo Paz ha generado controversia y preocupación en el ámbito político boliviano, según el abogado Edgar Arraya.

Arraya señala que el decreto es «aislado» y que el gobierno «se ha equivocado» al no buscar el consenso de las bancadas de la Asamblea Legislativa antes de su lanzamiento.

Esta falta de apoyo político, evidenciada por la escasa lealtad de diputados y senadores, pone en riesgo la validez del decreto, ya que la Constitución Política del Estado, en su artículo 153, numerales 8 y 9, faculta a la Asamblea Legislativa a derogar o abrogar decretos y leyes.

Además, en el tema de las subvenciones, la Constitución establece que debe ser tratado y debatido por la Asamblea Legislativa, un filtro que, según Arraya, el decreto no ha pasado, por lo que sería «inconstitucional».

El abogado Edgar Arraya enfatiza que, desde un punto de vista político, el gobierno debería haberse reunido con todas las bancadas de la Asamblea Legislativa para «robustecer su decreto supremo».

Sin embargo, la conferencia de prensa de los jefes de bancada reveló que solo Rodrigo Paz contaba con 15 diputados leales, y algunos de Unidad Nacional, lo que suma un apoyo muy limitado. Arraya cuestiona la solidez de este respaldo, preguntando: «¿qué colchón le va a dar al decreto supremo de apoyo?» y respondió: «ninguna».

La situación se agrava, según Arraya, debido a las facultades de la Asamblea Legislativa. El artículo 153, numerales 8 y 9, de la Constitución Política del Estado, otorga a la Asamblea la potestad de «derogar, abrogar decretos y leyes».

En el caso específico de las subvenciones, la Constitución indica que «es la Asamblea Legislativa la que debe tratar de liberar y aprobar», un proceso de tres fases que, según Arraya, el presidente no ha cumplido.

La Asamblea Legislativa ya se ha pronunciado, indicando que, al no haberse tratado este tema, «se abroga». Arraya advierte que «es muy grave lo que va a ocurrir en nuestro país» si la Asamblea Legislativa anula o abroga el decreto de un gobierno recién electo, lo que podría afectar la imagen del país. Por lo tanto, desde una perspectiva jurídica, la Asamblea Legislativa debe tomar una determinación para evitar una posible convulsión en el país.