El Consejo de la Magistratura ha iniciado una investigación sobre la presunta inacción en la activación de un proceso penal y disciplinario en la policía boliviana, que involucraría a altas autoridades del Estado, incluyendo al Comandante General de la Policía Boliviana.

Manuel Baptista, presidente del Consejo de la Magistratura, informó que la Dirección Distrital del Beni ha sido instruida para indagar lo sucedido, luego de que una sala constitucional en el Beni resolviera el inicio de dichos procesos, los cuales, según Baptista, «jamás se ejecutó».

El Consejo de la Magistratura ha anunciado que, una vez obtenidos los expedientes, se informará sobre la actuación de los jueces y se activarán acciones en caso de determinarse indicios de responsabilidad penal o administrativa.

Baptista explicó que el vicepresidente hizo una declaración pública sobre la resolución de la sala constitucional en el Beni. El presidente del Consejo de la Magistratura enfatizó que, a diferencia de otros casos, en este no se activó el proceso penal ni el proceso disciplinario.

Subrayó que «la ley es máxima» y que «las influencias tienen que ser cero» en los procesos. Además, indicó que si una persona influyó para que no se enviara la sentencia o resolución constitucional para su ejecución, «cometió evidentemente un delito».

El Consejo de la Magistratura ha ordenado a la dirección distrital del Beni que investigue «qué es lo que sucedió en este caso porque no puede involucrarse a autoridades tan importantes en nuestro país como un comandante general de la Policía boliviana y otros».

En las próximas horas, una vez que se tengan los expedientes del ministro de justicia y del comandante general, se proporcionará información sobre la actuación de los jueces. En caso de encontrar indicios de responsabilidad penal o administrativa, se activarán acciones y se gestionarán denuncias a través de la Unidad Nacional de Transparencia.

Consejo de la Magistratura Anuncia Auditoría por Denuncias de Tortura y Manipulación en la Justicia

El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, ha informado sobre la convocatoria a medios de comunicación para abordar dos casos que considera «escandalosos para la justicia boliviana». El primer caso involucra al actual ministro de justicia y a un fiscal de materia, quienes públicamente declararon la existencia de torturas, privaciones de libertad y manipulación judicial para dictar sentencias. Ante estas declaraciones, el Consejo de la Magistratura ha ordenado una auditoría inmediata del expediente en cuestión.

El Consejo de la Magistratura ha manifestado que «no podemos escuchar de palco esta clase de declaraciones de autoridades tan importantes en nuestro país, como es un ministro de justicia». En respuesta, se ha instruido a la dirección distrital del Consejo de la Magistratura en La Paz que revise el expediente donde un juez habría sentenciado a una persona, actualmente ministro de justicia, bajo un procedimiento abreviado y bajo torturas. Se ha declarado públicamente que la firma de la sentencia no fue por aceptar culpabilidad, sino «por salvar su vida». El Consejo enfatiza que «ningún ciudadano en nuestro país puede ser sometido a una sentencia sin ser culpable».

Se iniciará una auditoría inmediata a este proceso, con el objetivo de revisar el caso y «destruir de una vez por todas en nuestro país cualquier injerencia en contra de los jueces». Recientemente, el Consejo de la Magistratura presentó un protocolo para garantizar la independencia judicial en Bolivia, recordando a los jueces cómo actuar ante presiones en sus decisiones. Si se comprueban las situaciones denunciadas, se activará el régimen disciplinario y se aplicará una sanción ejemplificadora a los responsables de este «juzgamiento ilegal».