Sucre, 8 de mayo (ANV). – El presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, confirmó que se ha instruido la apertura de un proceso administrativo y la recolección de información en todo el país para esclarecer el controvertido caso que involucra a jueces de Santa Cruz, La Paz, Tarija y al Ministerio Público en torno a la juez Lilian Moreno y el levantamiento de la orden de aprehensión contra Evo Morales.

El relevamiento de información, en curso en el centro de privación de libertad de Palmasola, Santa Cruz, se extenderá por un periodo de treinta días, aunque se prevé que los resultados preliminares estén disponibles en el transcurso de esta y la próxima semana. “Hemos sacado una instrucción para que la Unidad de Control y Fiscalización pueda hacer el relevamiento de datos”, explicó Baptista.

El proceso disciplinario alcanzará a la juez Moreno de Santa Cruz, al juez Zabaleta de La Paz y a un juez del departamento de Tarija. Según Baptista, “una vez se haga el levantamiento total de los datos, se van a iniciar las acciones que correspondan”.

En este contexto, el presidente del Consejo detalló que el procedimiento disciplinario será definido por un juez especializado. “El juez disciplinario que vaya a conocer esta causa es el que va a determinar la admisión o el rechazo de la denuncia”, señaló. Comparó esta figura con el rol que cumple el Ministerio Público, pero en el ámbito interno de la justicia.

Hasta el momento, no se ha presentado una denuncia formal. No obstante, Baptista aclaró que “de acuerdo a los hallazgos, la Unidad de Control y Fiscalización es la que va a presentar la denuncia una vez concluido el relevamiento de información en todo el país”.

Respecto a la situación actual de la juez Moreno, el titular del Consejo indicó que “sigue siendo juez” y que, si bien se le impedirá temporalmente ejercer funciones, aún no se ha confirmado si obtuvo permiso del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

También recalcó que el Consejo de la Magistratura no tiene vínculo con la detención de la juez ni con su traslado a La Paz. “No se ha abierto ninguna investigación desde el Consejo sobre ese caso”, afirmó.

Finalmente, reiteró el llamado al respeto del debido proceso: “La juez está siendo investigada, y como cualquier ciudadano en nuestro país, tiene derecho a un proceso justo”.