Los comités cívicos de Cochabamba, Chuquisaca y Oruro, además del Comité Cívico Popular, se desmarcaron ayer de las medidas que impulsan los cívicos cruceños, entre ellas un cabildo para el 25 de enero, supuestamente en defensa de la democracia, la libertad y justicia.

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, le exigió a Rómulo Calvo, quien dirige el Comité Cívico pro Santa Cruz, que respete las opiniones distintas.

“Nunca nos hemos cerrado a reuniones, pero hemos pedido que se respeten las opiniones de los demás comités cívicos, porque no todos estamos en la misma línea ni pensamos de la misma manera, debe haber respeto al pensamiento que pueda disentir”, dijo en Cadena A.

El movimiento cívico nacional definió crear un Comité de Defensa de la Ciudadanía y llamar a un cabildo para el 25 de enero con la expectativa de que se sumen todas las representaciones del país.

Para Rivera, estas decisiones fueron asumidas por un solo sector y muchos comités no fueron invitados porque no comulgan con las ideas del Comité Cívico pro Santa Cruz.

“Si empezamos con el tema, porque no pensamos igual, convocamos a otras personas para que representen a una región; son decisiones que ellos han tomado y no tenemos por qué compartir eso”, apuntó.

De la misma forma, Chuquisaca descartó su participación en el cabildo organizado desde Santa Cruz.

“Como Comité Cívico de Chuquisaca no hemos sido parte de las convocatorias y tampoco somos parte de las reuniones que se están llevando adelante encabezadas por el Comité Cívico de Santa Cruz, las cuales lamentablemente están devaluando la representación cívica”, dijo en contacto con los periodistas el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Wilmar Aguirre.

Denunció que personas ajenas al Comité Cívico chuquisaqueño se atribuyen la representatividad del departamento con el fin de sumar apoyo a las determinaciones de los cívicos cruceños.

“El señor Calvo no puede hablar a nombre del país, cada departamento tiene su autonomía institucional. Desde Chuquisaca le vamos a pedir que no hable a nombre de nuestro departamento. Creemos que estos cabildos convocados al ser politizados van a ser un fracaso como muchas de las movilizaciones que han llevado a cabo algunos sectores afines y copartidarios del señor Camacho”, señaló.

Afirmó que los juristas son los que deben plantear qué se debe mejorar en la justicia y no sectores que claramente manifestaron una posición política, como el Comité Cívico de Santa Cruz, defendiendo actos vandálicos, posiciones políticas de personas que en su momento han cometido delitos y que tienen que responder ante la justicia.

Cecilio Pérez, presidente del Comité Cívico de Oruro, aclaró: “Nosotros como Comité Cívico no vamos a ser parte del cabildo que están convocando porque consideramos que el problema es algo político y el Gobernador de Santa Cruz ha tenido que ver en los movimientos conflictivos de 2019 y de los 36 días de paro”.

Por su parte, la presidenta del Comité Cívico Popular, Roxana Molina, aseveró que hasta su oficina no llegó ninguna invitación, por lo que ese movimiento de personas carece de legitimidad porque no se puede hablar de los comités cívicos en su totalidad, ya que quienes acudirán al llamado son comités cívicos de libre nombramiento, electos por unas cuantas personas entre cuatro paredes, pero sin representación de las organizaciones sociales ni los sectores populares, por lo que exigió respeto a la institución.

“Nosotros rechazamos rotundamente ese cabildo que simplemente está en favor de Camacho buscando sus propios beneficios junto a unas cuantas personas más”, señaló Molina.

Recordó que hace unos años un cabildo era la representación de organizaciones sociales, departamentos, provincias, pero hoy en día un cabildo es todo menos eso.

“Hoy en día creo que hay pandemia de comités cívicos, se deben tomar acciones y vamos a determinar qué acciones tomar sobre estos malos comités que simplemente quieren dañar a la población boliviana y eso no lo vamos a permitir”, explicó Molina.

Recomendó dejar de utilizar a Santa Cruz, que ya sufrió bastante durante 36 días de paro obligado por grupos de poder, a los que no les afectaron las medidas. || AEP