Sucre 29 de Abril (ANV).-La presidenta de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Chuquisaca (CAINCO), Paola Álvarez, expresó su preocupación por los efectos que tendría el reciente incremento salarial dispuesto por el Gobierno nacional, advirtiendo que la medida podría generar inflación, mayor informalidad y un retroceso en el empleo formal en la región.
“Esto va a generar que se suban los precios de los productos hacia el consumidor final”, afirmó Álvarez, quien también cuestionó el tratamiento desigual que, a su juicio, existe entre el sector público y privado. “Las empresas privadas están obligadas a pagar el incremento salarial, mientras que las públicas sólo si cumplen ciertos requisitos, como haber tenido tres años consecutivos de utilidades”, explicó.
Álvarez recordó que el empresariado en Chuquisaca está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, las cuales serían las más afectadas por la medida. “Este tipo de subidas hace que se desestabilicen y que finalmente, en un futuro, no hayan nuevas fuentes laborales”, señaló. Advirtió que muchas empresas optarán por reducir personal. “Probablemente haya mayores despidos. Muchas veces es despidiendo una, dos, tres personas y haciendo que otras trabajen un poco más”, agregó.
La representante empresarial criticó el carácter político de la decisión, señalando que no tomó en cuenta la actual crisis económica. “La medida ha sido tomada en base al calor del momento, ya política, y no pensada en una crisis que nos está golpeando a todos”, manifestó. Indicó que el beneficio será para “un quince por ciento solamente de la población”, mientras que los efectos negativos afectarán a toda la sociedad, especialmente por la inflación.
Álvarez lamentó la exclusión del sector privado en la toma de decisiones sobre el alza salarial, a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. “El gobierno no escuchó la realidad del sector privado y no negoció absolutamente nada con nosotros”, sostuvo, y propuso la creación de una mesa tripartita que incluya al Gobierno, los empleadores y los trabajadores.
Ante la consulta sobre la posibilidad de negociar el incremento salarial a nivel individual entre empresas y sindicatos, Álvarez explicó que el marco legal no lo permite. “Sería ideal una negociación empresa por empresa, pero lamentablemente hemos visto que en anteriores oportunidades es obligatorio”, indicó. También señaló que muchas empresas están operando en modo de supervivencia desde hace más de dos años por la falta de divisas, el incremento en costos de materias primas y la escasez de diésel.
En cuanto a la creciente informalidad, Álvarez consideró que este fenómeno se verá acentuado por la medida. “La informalidad va a ir creciendo, lo que hemos visto con el contrabando y con empresas que operan sin cumplir la normativa”, advirtió. Recordó que el empleo formal se ha reducido del 20% al 15% en los últimos años, lo que implica la pérdida de beneficios sociales para los trabajadores y sus familias.
Finalmente, advirtió que si bien no necesariamente habrá un cierre masivo de empresas, muchas podrían optar por dejar la formalidad. “Más que cerrar, se van a ir de la formalidad a la informalidad. Lo que deberíamos buscar desde el Gobierno es que la gente informal se vuelva formal”, concluyó.
