Sucre, 10 de diciembre (ANV).- La presidenta de la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL), Greny Bolling, ha expresado su preocupación por el aumento del acoso a los jueces en Cochabamba, tras el asesinato de un juez en la ciudad y las amenazas de muerte recibidas por otra jueza.

Bolling ha solicitado a las autoridades judiciales y al poder ejecutivo que implementen mecanismos para garantizar la libertad de acción de los jueces en el ejercicio de sus funciones.

Bolling informó que, a más de dos semanas del asesinato del juez en Cochabamba, no hay avances en la investigación, lo que contribuye a la creciente inseguridad de los magistrados.

La presidenta de AMABOL también mencionó una denuncia reciente, presentada a través del protocolo del Consejo de la Magistratura, sobre el acoso a una jueza civil en Cochabamba, quien ha recibido amenazas de muerte vía celular. Bolling enfatizó que «los acosos no se están limitando solamente a procesos penales».

Al ser consultada sobre el caso de un juez que permitió la detención domiciliaria del expresidente de YPFB, quien ahora se encuentra fuera del país, Bolling se abstuvo de opinar directamente sobre la resolución, indicando que «cada juez es responsable de las resoluciones que emiten».

Subrayó que existen instancias como la apelación para verificar la corrección de las actuaciones judiciales y que, como asociación de magistrados, no pueden inmiscuirse en las resoluciones de otros jueces.

AMABOL ha solicitado al Fiscal General, a las autoridades máximas del órgano judicial (presidente del Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura) y al poder ejecutivo que establezcan los mecanismos necesarios para que los jueces puedan actuar libremente.

Bolling advirtió que, de no ser así, «un juez sin miedo no hace», y citó la muerte del juez de Cochabamba como una muestra de la inseguridad que enfrentan.

Finalmente, Bolling hizo un llamado a la protección de los jueces, sugiriendo que no se les exponga a través de los medios de comunicación y que se eviten intervenciones en los juzgados que no respeten el debido proceso administrativo.

Reconoció las competencias del Consejo de la Magistratura, pero manifestó desacuerdo con algunas de sus acciones actuales, como las intervenciones en juzgados con medios de comunicación.