Sucre, 27 de noviembre (ANV).- La Dirección de Transparencia de la Alcaldía Municipal informó que, tras una investigación preliminar por una denuncia de concusión (Un delito de corrupción en el que un funcionario público, abusando de su autoridad, exige o induce a una persona a entregarle un beneficio), se han identificado indicios de responsabilidad administrativa y penal en contra del Subalcalde del Distrito 2, Silvestre Mamani Tacuri, por lo que el caso ha sido derivado a la autoridad sumariante y al Ministerio Público para su respectivo proceso.
Ibeliz Choque, directora del ente fiscalizador, confirmó los procedimientos y enfatizó la necesidad de respetar el debido proceso y la presunción de inocencia.
La investigación se inició a partir de una denuncia verbal presentada el pasado 11 de agosto de 2025 por una persona identificada con las iniciales G.P.P.D., quien acusó a Mamani Tacuri del delito de concusión. Según el relato de la víctima, en enero de 2025 entregó 2.500 bolivianos al subalcalde a cambio de un contrato laboral de diez meses en la subalcaldía, transacción que habría quedado registrada en un audio. No obstante, el contrato finalmente solo habría durado tres meses.
Choque aclaró que, si bien la denuncia fue verbal y no se firmó un acta, la Dirección de Transparencia procedió con la investigación de oficio sobre la presunta irregularidad en la contratación de un funcionario. «Esta Dirección de Transparencia realizó las investigaciones correspondientes, teniendo como resultado preliminar indicios de responsabilidad administrativa como penal», declaró la autoridad.
Con estos antecedentes, el caso fue remitido a la autoridad sumariante para que inicie el proceso administrativo correspondiente y se determine mediante resolución la responsabilidad o absolución del funcionario. De manera paralela, se presentó la denuncia formal ante el Ministerio Público.
La directora Choque fue enfática en señalar que cualquier decisión, incluida una posible destitución, debe esperar el resultado de estos procesos. «Una posible destitución del cargo solo con un informe preliminar podría vulnerar los derechos constitucionales y juzgar y sancionar de manera anticipada», afirmó, citando el artículo 116 de la Constitución Política del Estado que consagra la presunción de inocencia.
