Sucre, 16 de septiembre (ANV).- La presidenta del concejo municipal del adulto mayor, Katy Gonzales, informó sobre la clausura de un centro geriátrico que operaba sin autorización en la capital de Bolivia, luego de detectarse graves denuncias de maltrato físico y condiciones precarias de habitabilidad.
Ante este escenario, la representante anunció que se iniciaron los procesos correspondientes y que se realizará un seguimiento riguroso para identificar la existencia de otros establecimientos ilegales en la región, con el fin de evitar que más personas de la tercera edad sufran desatención.
La intervención y posterior clausura del establecimiento fueron coordinadas por el área social del gobierno municipal, bajo la dirección de la doctora Lirio. Tras el operativo, once de los adultos mayores afectados fueron reubicados en el hogar Santa Rita, mientras que otros fueron retirados por sus propios familiares para ser trasladados a sus hogares.
Gonzales detalló que las víctimas sufrían agresiones físicas y se encontraban en ambientes inadecuados que incluían «colchones con orina». Asimismo, instó al Ministerio Público a realizar el seguimiento del proceso penal contra el administrador y dueño del lugar, un hombre de orientación religiosa, argumentando que el centro percibía un pago mensual de 3,000 bolivianos por cada beneficiario sin ofrecer las condiciones mínimas requeridas.
La funcionaria enfatizó que estos centros deben contar obligatoriamente con personal técnico capacitado en asistencia geriátrica para garantizar el cuidado, manejo, alimentación y administración de medicamentos de los adultos mayores.
Como medida preventiva y de apoyo social, Gonzales destacó que se han presentado proyectos al alcalde municipal para la creación de comedores populares y albergues geriátricos en cada distrito. Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad familiar, señalando que los hijos deben hacerse cargo de sus padres y que «no pueden ir a dejarlo a un geriátrico para que otra gente lo manosee, lo maltrate».
