El Decano del Tribunal Agroambiental, Magistrado Richard Cristhian Méndez Rosales, informó sobre la emisión del Auto Agroambiental Plurinacional S1ª N.º 77/2026, mediante el cual anuló de oficio la orden judicial que instruía a la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD) de Chuquisaca emitir de manera inmediata una licencia ambiental para la construcción de celdas de emergencia en el botadero municipal de Lechuguillas.
La resolución estableció que la emisión de una licencia ambiental constituye un acto administrativo de carácter técnico y científico, cuya competencia corresponde exclusivamente a la autoridad administrativa, por lo que no puede ser impuesta mediante una decisión judicial. «La emisión de una licencia ambiental no es un trámite burocrático, sino un acto técnico y científico que debe respetar los principios de legalidad y precaución«, explicó el Magistrado.
No obstante, el Tribunal Agroambiental ratificó las medidas cautelares destinadas a proteger el medio ambiente y la salud de la población. Entre ellas, mantuvo la prohibición de depositar residuos sólidos en las áreas colapsadas de las Macroceldas I y II, con el propósito de evitar deslizamientos y el derrame de lixiviados que podrían afectar al Río Chico y a la Quebrada Sala Pampa. «Se mantiene la prohibición estricta de vertido de residuos en las áreas colapsadas para prevenir daños ambientales«, señaló.
Asimismo, la resolución garantizó el derecho de participación de las comunidades de los Distritos 6 y 7 mediante la Comisión para la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS) y ratificó la obligación del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre (GAMS) y de la Empresa Municipal de Aseo Sucre (EMAS) de avanzar en la elaboración y ejecución del Plan de Cierre Técnico Definitivo del botadero de Lechuguillas.
Finalmente, el Magistrado Méndez Rosales indicó que la decisión fue asumida en un contexto de creciente riesgo ambiental, marcado por los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, reafirmando el compromiso del Tribunal Agroambiental con la protección de la Madre Tierra. «El Tribunal Agroambiental garantiza que la gestión de residuos se realice respetando las competencias técnicas del Estado y los derechos ambientales de la población«, concluyó.
