Sucre, 30 de junio (ANV).- La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), empresa de la transnacional peruana Gloria, expresó este lunes su «formal y profunda disconformidad» con el Auto Supremo 1190/2026 emitido por el Tribunal Supremo de Justicia, que rechazó el recurso de casación presentado por la compañía y ratificó una condena previa que le exige pagar a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) la suma de Bs 744.315.432 por competencia desleal.
El pronunciamiento de la empresa ocurre en medio del escándalo desatado por las revelaciones del informe de la policía española sobre gestiones del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en favor del grupo peruano.
El fallo judicial, que confirma una resolución de 2023, establece que «las acusaciones expuestas en el recurso de casación no resultan evidentes», dejando sin efecto un amparo constitucional previo que había beneficiado a Soboce y que había identificado vulneraciones al debido proceso en la resolución anterior del propio Tribunal Supremo.
Según la empresa, el nuevo auto supremo incumple el mandato constitucional porque la resolución de amparo exigía no solo una modificación formal del fallo, sino la reparación efectiva de las vulneraciones procesales detectadas.
Soboce señaló que la decisión fue emitida en un contexto de «amedrentamiento en Chuquisaca y a nivel nacional» y anunció que activará nuevas acciones legales para impugnar la determinación.
Además, la empresa recordó que el Estado boliviano mantiene una deuda pendiente desde hace más de 16 años por el pago de una indemnización derivada de la expropiación de sus acciones en Fancesa mediante el Decreto Supremo 0616 de septiembre de 2010. Según Soboce, el verdadero objetivo de fondo del litigio sería no pagar los 290 millones de dólares por esa expropiación.
El pronunciamiento de Soboce llega después de que la empresa se mantuviera en silencio durante más de una semana tras la difusión del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España, que vincula a Zapatero con el cobro de 200.000 euros por intermediación ante altas autoridades del Gobierno boliviano en favor del grupo peruano.
Según la investigación, las gestiones del expresidente español habrían propiciado que una sala constitucional determine que Soboce no pague a Fancesa la suma de Bs 744 millones por el conflicto, aunque el reciente fallo del Supremo revirtió esa situación.
