Sucre, 15 de abril (ANV).- Martha Noya, directora del centro Juana Azurduy, ha expresado su preocupación por una corriente de opinión desfavorable a los derechos de las mujeres y al respeto a su vida en la sociedad boliviana. Noya señala que los indicadores de violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra niñas, adolescentes y niños, los feminicidios y las denuncias de violencia intrafamiliar son «realmente alarmantes».
En este contexto, se ha planteado la necesidad de que el Estado boliviano establezca la ley Brisa, que busca convertir el estupro en violación y establecer la imprescriptibilidad de las denuncias de agresión sexual.
Noya critica la postura de quienes consideran que la ley 348 es «mala», argumentando que parten de un prejuicio. En relación con la ley Brisa, la directora del centro Juana Azurduy explica que esta ley busca que el estupro, definido como una relación con una menor de edad consentida por ella, se convierta en violación.
Esto se basa en la premisa de que una menor de edad no tiene la capacidad de decidir sobre relaciones sexuales y que, por lo tanto, sus derechos son vulnerados si un adulto manipula sus sentimientos. Noya enfatiza que «no puede ser que simplemente el hecho de que la niña, la adolescente, conceda las relaciones sexuales, entonces se parte de la idea de que no tiene la capacidad de decidir».
Además, la ley Brisa propone la imprescriptibilidad de las denuncias de agresión sexual. Actualmente, la ley boliviana limita el tiempo para denunciar, permitiendo hacerlo solo hasta cinco años después de alcanzar la mayoría de edad.
La propuesta de imprescriptibilidad busca que las víctimas puedan denunciar en cualquier momento de su vida, cuando tengan la capacidad emocional y el apoyo psicológico necesario para enfrentar el trauma. Noya considera «muy bochornoso» que se diga que la ley Brisa es peor que la 348.
