Sucre, 17 de febrero (ANV).- En un nuevo episodio de inestabilidad política que caracteriza a Perú en la última década, el presidente encargado José Jerí fue destituido este martes por el Congreso tras apenas cuatro meses en el cargo, en medio de escándalos por tráfico de influencias y reuniones clandestinas conocidas como el «chifagate». Mientras tanto, en Bolivia, un proyecto de ley presentado por el exalcalde de Sucre, Germán Gutiérrez, y el exdiputado Amílcar Barral busca reglamentar la destitución presidencial por causales similares a las aplicadas en el país vecino, reavivando el debate sobre la estabilidad institucional en la región.

La mayoría del Congreso peruano aprobó cuatro mociones de censura contra Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, dejando vacante el cargo presidencial hasta mañana miércoles, cuando los legisladores elijan a su sucesor. La congresista Francis Paredes, de Perú Libre, resumió el sentir mayoritario: «Es realmente vergonzoso sostener a un presidente que no ha dado la talla; que vuelva a su casa».

Jerí, quien había asumido la presidencia tras la destitución de Dina Boluarte —que a su vez reemplazó al marxista-leninista Pedro Castillo después de un golpe de Estado de su Congreso—, enfrentaba investigaciones fiscales por tráfico de influencias y una serie de escándalos que incluyen la presunta contratación de nueve mujeres con quienes se reunió en Palacio de Gobierno en horarios nocturnos y días festivos.

A esto se suman las revelaciones sobre sus encuentros secretos con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante «chifa», en el marco del proceso de privatización de la estatal Petro Perú, lo que desencadenó el denominado «chifagate».

La caída de Jerí, que se produce a solo dos meses de la primera vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, lo deja prácticamente en solitario con el único respaldo del fujimorista Fuerza Popular, en un país donde la «vacancia por incapacidad moral permanente» se ha convertido en un mecanismo recurrente para deponer mandatarios.

El espejo peruano en la propuesta boliviana

Mientras Perú acumula ocho presidentes destituidos en una década —con exmandatarios como Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Martín Vizcarra condenados a prisión—, en Bolivia el exalcalde de Sucre, Germán Gutiérrez, y el exdiputado Amílcar Barral presentaron este lunes un proyecto de ley que busca reglamentar el artículo 170 de la Constitución Política del Estado, que contempla la cesación del mandato del Presidente y Vicepresidente por «impedimento» pero carece de desarrollo legislativo.

La iniciativa propone procedimientos para evaluar la capacidad de los mandatarios en casos de insania mental, enfermedades graves, adicciones o impedimento moral fundamentó Gutiérrez, negando que la norma apunte a la controversia entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, aunque admitió que «son parte del problema».

Similitudes y diferencias con el modelo peruano

Mientras Perú aplica la vacancia por decisión parlamentaria con mayoría calificada —en el caso de Jerí se utilizó un mecanismo de censura por ser presidente del Congreso—, la propuesta boliviana contempla evaluaciones médicas certificadas para casos de salud y la figura de «impedimento moral» para casos comprobados de corrupción. El procedimiento sería activado por denuncias fundamentadas y requeriría instancias técnicas independientes antes de cualquier decisión política.

Barral fue el  encargado de formalizar la entrega del proyecto en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento en comisiones a principios de Febrero. Los promotores reconocen que la propuesta puede tener deficiencias y está sujeta a enmiendas, invitando al debate legislativo. «Es posible que nos digan: ‘¿Saben qué? Este es un disparate monumental’. Bueno, rechácenlo, pero con argumentos», dijo Gutiérrez en su momento.