Sucre, 11 de febrero (ANV).- El ejecutivo de la Central Regional Cintis, Nicanor Rivera, junto a subcentrales y el alcalde de Villa Charcas, exigieron este miércoles a la Asamblea Legislativa Departamental la aprobación inmediata de un fideicomiso de 72 millones de bolivianos para destrabar 21 proyectos de electrificación, represas y asfaltado que se encuentran paralizados o con riesgo de rescisión de contrato, mientras la Gobernación advierte que el trámite caduca en marzo.
Rivera denunció que, a excepción del municipio de Villa Charcas, la mayoría de los alcaldes involucrados en los 19 municipios beneficiarios no se han hecho presentes en las gestiones.
«Los demás alcaldes, ¿dónde están? Llamo desde aquí, por favor, que se sumen a esta lucha», reclamó el dirigente, advirtiendo que, de no prosperar el crédito en la sesión plenaria, tomarán «medidas más drásticas».
El malestar de las organizaciones sociales se centra en proyectos emblemáticos como el asfaltado del Triangular Cinteño, que acumula cinco años de ampliaciones de plazo debido a la falta de pago.
La Gobernación explicó que la empresa constructora utilizó la cláusula contractual que le permite extender los plazos ante la mora de más de 45 días, dejando los nueve kilómetros de plataforma listos, pero sin la carpeta asfáltica por falta de recursos para comprar asfalto.
Fuentes de la Gobernación advirtieron que el Registro de Inicio de Crédito Público (Río Sepe) vence en marzo y, si la Asamblea no aprueba el fideicomiso antes de esa fecha, la capacidad de endeudamiento departamental se reducirá y el crédito «se perdería totalmente».
«Reiniciar el trámite es directamente sentenciar a que este fideicomiso no va», alertó un funcionario, tras señalar que ya se adjuntó toda la documentación requerida.
El presidente del Cidepro, José Navarro, informó que en la comisión técnica de la Asamblea se identificaron observaciones y «situaciones que no cierran», pero abogó por priorizar los proyectos en ejecución y dar una solución a la brevedad.
«Nadie quiere que al departamento se lo perjudique», sostuvo, aunque admitió que existe un cruce de información entre lo solicitado y lo presentado.
La Gobernación también reveló una contradicción interna: la propia Asamblea, mediante ley de marzo de 2025, conminó a gestionar recursos para fortalecer el SEDCAM, pero ahora pone reparos a la compra de equipos y maquinaria incluida en el fideicomiso.
Entre los proyectos en riesgo figuran el camino Torre – Zudañez, suspendido por falta de pago, además de electrificaciones en distritos de San Lucas y la represa Corma, que lleva años sin instalaciones.
El escenario es crítico: si el crédito no se aprueba en las próximas tres semanas, la Gobernación no solo perderá los 72 millones, sino que enfrentará resoluciones de contrato, obras paralizadas de forma indefinida y una creciente presión social de las regiones que ya anuncian movilizaciones.
La sesión plenaria de la Asamblea, instalada esta mañana, es clave para definir el futuro de la inversión pública departamental.
