La Paz, 5 de enero (ANV).- En un discurso dirigido a la nación este lunes, el presidente Rodrigo Paz realizó una fuerte denuncia contra un sector de la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que se encuentra movilizada en La Paz, acusándolos de beneficiarse de 18 millones de dólares anuales gracias a sus fueros sindicales. Simultáneamente, en el ámbito legislativo, un senador persiste con un proyecto de ley para reducir a la mitad los salarios de todas las autoridades electas del país, en un intento por disminuir el gasto público en un contexto de crisis económica.

El mandatario, refiriéndose a los dirigentes que protestan contra el Decreto Supremo 5503 —que elimina la subvención a los combustibles—, expresó su indignación por la situación económica de los líderes sindicales. «Resulta que 50 personas ganan más que 213 municipios, eso es injusticia», afirmó Paz, quien cuestionó la legitimidad de las demandas de aumento de recursos por parte de un grupo que, según su cálculo, ya percibiría sumas millonarias.

En respuesta a esta situación, el presidente anunció que impulsará una modificación legal para transformar la naturaleza de los aportes sindicales. Sostuvo que el aporte laboral debe dejar de ser obligatorio y pasar a ser voluntario, argumentando que los recursos actuales «se usan para atacar a la democracia, a las instituciones y la tranquilidad de los bolivianos». Esta medida buscaría, según su perspectiva, desvincular la financiación sindical de la coerción y alinearla con la representación genuina.

Paralelamente, y en un ámbito distinto de la discusión sobre las remuneraciones, el senador por el PDC, Wilder Véliz, presentó un proyecto de ley que apunta a reducir en un 50% los salarios del presidente, vicepresidente, legisladores, ministros, viceministros, gobernadores, asambleístas, alcaldes y concejales. La propuesta busca generar un ahorro al erario público en un momento de ajuste económico.

El legislador justificó su iniciativa apelando a la equidad y a la necesidad de austeridad. «Siempre hemos criticado que las autoridades electas estén ganando jugosos sueldos y el pueblo ni siquiera tiene el salario mínimo nacional», explicó Véliz, destacando la disparidad entre los ingresos de los altos funcionarios y la realidad de la mayoría de la población que vive al día. El proyecto fue derivado a la comisión correspondiente para su análisis técnico.

Estos anuncios y propuestas se producen en un escenario de tensión social, marcado por la movilización de la COB que rechaza las medidas económicas del gobierno, particularmente la eliminación del subsidio a los combustibles. La dirigencia sindical argumenta que el decreto afecta gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores.

El discurso del presidente, centrado en los ingresos de la dirigencia opositora, no abordó ni mencionó los sueldos de los funcionarios públicos de su administración, un tema que queda abierto a la deliberación pública a través de la iniciativa legislativa presentada.