Sucre, 18 de diciembre (ANV).- Omar Orellana, Gerente de Cainco, ha ofrecido un análisis sobre las repercusiones económicas que enfrentan las empresas y el sector del transporte tras el reciente aumento en el precio de los combustibles y el salario mínimo a Bs 3300. Orellana subraya la necesidad de un análisis detallado de las estructuras de costos para determinar el impacto real de estas medidas.

En el sector del transporte, el diésel representa un porcentaje de los costos, pero no es el único factor. Mantenimientos, repuestos y neumáticos también contribuyen a la fijación de precios.

Orellana enfatiza que «hay que ver cuánto implica la subida del precio en el más del del 160% hay que ver cuánto implica y sumarle a los otros costos y de ahí fijar en cuánto tiempo se puede recuperar, cuánto se tiempo se puede ganar y efectivamente ya fijar un nuevo precio como tal».

La preocupación surge porque el aumento de precios puede estancar los servicios, ya que se debe priorizar y evaluar la capacidad de abastecimiento y distribución. La situación actual es más compleja que antes, ya que ahora se ven afectados tanto los repuestos como los combustibles, lo que requiere un ajuste necesario que debe corresponder a la estructura de costos.

Para las empresas, los salarios constituyen un porcentaje en la estructura de costos. Orellana señala que se requiere un análisis financiero para determinar cómo el tema de los combustibles afecta a las empresas.

Esto implica buscar formas de mejorar las finanzas y eficientar las operaciones para evitar trasladar todo el costo al precio final. Una de las consecuencias mencionadas es la posible congelación o reestructuración de planillas, lo que podría llevar a no contratar personal.

Orellana también advierte que esto podría disminuir el empleo formal, ya que «no hay los incentivos necesarios como para meterlos en un sistema como tal».

El cálculo del costo salarial no se limita al haber básico o al salario mínimo nacional, ya que incluye gestora, aportes y Caja Nacional de Salud. Un cálculo rápido indica que 550 bolivianos por trabajador al sector privado implican anualmente unos 8300 bolivianos, considerando 13 salarios y beneficios sociales.

Para una microempresa con un mínimo de 10 trabajadores, esto representa más de 80.000 bolivianos adicionales que las empresas deben generar. Orellana concluye que, si bien la medida era esperada, la compensación social ha tomado al sector privado por sorpresa, requiriendo un análisis y una manifestación adecuada.