Sucre, 24 de noviembre (ANV).- Una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva por temor a represalias, ha presentado una denuncia contra su expareja, Carlos Cortez, coordinador de delitos contra la vida de la Fiscalía Departamental de La Paz, por aborto forzado y violencia doméstica.
La denunciante afirma que, desde la presentación de su caso el 8 de septiembre, no se han realizado actos de oficio y que los fiscales asignados, incluyendo Sara Cuéllar, Hernán Quiñones, Israel Chipana y Salomé Limachi, han mostrado parcialidad a favor de Cortez.
La situación se ha agravado con la imputación de la denunciante por el delito de aborto, a pesar de ser la víctima, y su posterior detención junto a su abogada por supuesta extorsión y concusión, delitos que niegan haber cometido.
La mujer ha expresado su desesperación, afirmando: «Ya no sé qué hacer. En La Paz no me quieren atender. Cuando ven el nombre de Carlos Cortez, porque él salía, él era que daba la presentación en la tele sobre los feminicidios, sobre los homicidios, todo. No me quieren atender. Me veo coartada»
La denunciante relata que Cortez, quien se encuentra hospitalizado desde el 11 de septiembre por un supuesto tumor, intentó conciliar con ella a través de terceros, ofreciendo reparar el daño causado, que incluye siete marcas en su cuerpo y principios de cáncer de cuello uterino.
Sin embargo, durante un encuentro en el Café Ciudad para firmar un desistimiento y acuerdo conciliatorio, seis funcionarios del DAS las detuvieron a ella y a su abogada, acusándolas de extorsión. Estuvieron detenidas por dos días y catorce horas. La mujer también ha señalado que Cortez, «manipula sistemas desde que era fiscal analista, tiene denuncias las cuales quedan en la nada.
«A pesar de haber informado sobre hechos de corrupción en su declaración en el caso de extorsión, la denunciante siente que su caso no avanza y que no se han realizado las investigaciones pertinentes, como el registro de las clínicas clandestinas donde se habrían realizado los abortos. Ha solicitado ayuda al fiscal general Roger Mariaca, pero hasta el momento no ha obtenido una respuesta satisfactoria.
