Una mujer identificada como Susana Tirado se declaró hoy en huelga de hambre en las puertas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en Sucre, después de esperar por más de dos semanas a los magistrados del TCP. La protesta surge de lo que Tirado describe como una constante dilación en un caso legal que involucra a su sobrina menor de edad.
Tirado, que llegó desde La Paz para el caso, expresó su frustración ante la aparente falta de presencia de los magistrados. «Lamentablemente, los magistrados no se encuentran, están en Santa Cruz. La anterior semana tampoco estaban y se sigue dilatando el caso de una menor de edad», señaló. La mujer sostiene que el Estado tiene el deber de proteger el «interés superior» de los niños, algo que considera que no está sucediendo.
El conflicto legal, según Tirado, se centra en dos sentencias favorables a la menor, que fueron dictadas por un juez de la niñez y adolescencia en La Paz. Sin embargo, la parte demandada ha presentado «un sinfín de acciones constitucionales como acciones de libertad y también amparos», que han llegado al TCP en Sucre. Tirado afirmó que en La Paz se denegó la tutela a la parte demandada, pero en Sucre se la concedieron, lo que considera «raro».
Un punto de especial preocupación para la familia es que una de las acciones de libertad fue resuelta por el juez Mario Laura Picavia, quien actualmente está involucrado en el «Caso Consorcio» y se encuentra bajo detención domiciliaria. «Nosotros estamos desesperados y hasta estamos pensando que tal vez el caso Consorcio también tiene tentáculos y que también está afectando aquí al Tribunal Constitucional», declaró Tirado.
La familia de la menor ha notado que el caso sigue recayendo en la misma magistrada, Amalia Laura de Potosí. «No me parece que puede ser dos veces coincidencia, pero tres veces que vuelva a recaer en el departamento de Potosí ya nos llama la atención», declaró. Tirado manifestó que esta situación les ha generado sospechas de que existen intereses que desconocen.
Para concluir su declaración, la mujer reiteró que su huelga de hambre es una medida desesperada para que se «esclarezca y haya transparencia» en el caso, y para que el Estado cumpla con su deber. «Solamente estamos pidiendo justicia y que el Estado cumpla con su deber y obligación de velar el interés superior de los niños», sentenció.
