Sucre, 10 de septiembre (ANV).- La Asamblea Permanente de  Derechos Humanos (APDH) de Chuquisaca, informó que realiza un seguimiento y acompañamiento a la revisión extraordinaria de detenciones preventivas en el departamento de Chuquisaca, con especial atención al penal de San Roque. Su presidente Freddy Jiménez, lamentó la sentencia a 25 años de una mujer indígena por complicidad.

El dirigente indicó que este seguimiento se desarrolló junto a autoridades departamentales y nacionales, entre ellas el magistrado Carlos Ortega, durante la tercera visita al centro penitenciario realizada el pasado sábado. «Se ha procedido a la revisión de los diferentes expedientes y de los distintos casos de los privados de libertad para que sean reconsiderados y puedan ser algunas personas beneficiadas con esta revisión», explicó.

Jiménez destacó la existencia de casos que, según la institución, muestran irregularidades significativas. Entre ellos, mencionó a dos personas sordomudas recluidas en el penal, con detenciones preventivas de cinco y siete años respectivamente, sin contar con intérpretes ni valoración adecuada de su situación. «Prácticamente desconocen los motivos por los que están aquí y esto los deja en completa indefensión», señaló.

Otro caso relevante citado por la APDH es el de una mujer de la comunidad guaraní, condenada a 25 años por complicidad en asesinato, cuya defensa sostiene que no tuvo oportunidad de presentar descargos ni que se valorara adecuadamente su testimonio. «Creemos que esta decisión vulnera todos los procesos, el procedimiento jurídico y los derechos de la señora a defenderse y a la presunción de inocencia», afirmó Jiménez.

La APDH informó que estas revisiones buscan que los procesos penales sean evaluados de manera justa, considerando los derechos de las personas privadas de libertad y, en casos pertinentes, permitir que puedan defenderse en libertad. «Estamos acompañando y haciendo el seguimiento para que esta instructiva pueda alcanzar a la mayor cantidad de población privada preventivamente en San Roque», sostuvo el representante.

Además, la institución señaló que se analizarán otros casos en los que se identifiquen posibles vulneraciones de derechos, con el objetivo de garantizar la correcta aplicación de la justicia y la valoración adecuada de pruebas, testimonios y descargos de los implicados.