Sucre, 30 de julio (ANV).- El fiscal de materia Javier Gorena informó que el Juzgado Primero de Sentencia en lo Penal de la capital dictó una sentencia de tres años de prisión por el delito de concusión contra una exconcejala municipal, luego de concluir el juicio oral correspondiente.
“Durante todo este proceso, el Ministerio Público ha demostrado con pruebas fehacientes la participación de la acusada en el hecho, la existencia del hecho y las afectaciones que han existido”, afirmó el fiscal. La acusada fue sentenciada en calidad de autora por un hecho ocurrido en la gestión 2018.
No obstante, Gorena anunció que el Ministerio Público presentará un recurso de apelación restringida, al no estar de acuerdo con la cuantía de la pena impuesta. “Se ha solicitado la aplicación de la pena máxima, que son ocho años, ya que ha mediado intimidación y amenazas en la ocurrencia del hecho”, explicó.
El fiscal también remarcó que, debido a la naturaleza del delito, la condenada no puede beneficiarse con la suspensión condicional de la pena. “Este es un delito puro de corrupción y de acuerdo con la Ley 004 y sus modificaciones mediante la Ley 1390, estos delitos no pueden ser beneficiados con suspensión condicional”, añadió. En ese sentido, una vez ejecutoriada la sentencia, la acusada deberá cumplir su sanción en el penal de San Roque.
Hechos y pruebas del caso
El hecho ocurrió en 2018, cuando un profesional fue vinculado a una entidad pública mediante intermediarios y comenzó a trabajar bajo la condición de realizar aportes presuntamente destinados a una agrupación ciudadana. Sin embargo, según explicó el fiscal, los montos exigidos aumentaron desproporcionadamente, lo que llevó a la víctima a dejar de pagar y, finalmente, a ser desvinculado. Esta situación motivó la denuncia.
“Se ha pretendido justificar de alguna manera por la parte acusada que esto se trataba de aportes voluntarios, pero estas circunstancias deben ser transparentadas ante el Tribunal Departamental Electoral, lo cual no ha sucedido en este caso”, explicó Gorena.
Un elemento clave en la investigación fue la declaración de una exempleada de la acusada, quien inicialmente señaló que los cobros eran aportes voluntarios, pero posteriormente, en una declaración ampliada, admitió que actuó bajo presión, amenazas e intimidación. “Una vez que esta persona dejó de ejercer como concejala, la testigo dio su testimonio de manera libre y voluntaria, brindando mayores luces sobre los hechos reales”, dijo el fiscal.
Gorena indicó que la apelación se centrará en demostrar que la intimidación ejercida sobre la testigo constituye un agravante que justifica una pena mayor. “Estos elementos no han sido debidamente valorados por la autoridad judicial, por lo que vamos a presentar la apelación restringida”, concluyó.
El Ministerio Público espera tener acceso al fallo completo para activar el recurso legal correspondiente en busca de una revisión de la sentencia y la posible aplicación de la pena máxima prevista por ley.
