Sucre, 15 de julio (ANV). – Representantes de entidades técnicas y empresariales del sector constructor en Chuquisaca demandaron al Gobierno Central la aplicación efectiva del Decreto Supremo 5321, que establece mecanismos para la nivelación de precios unitarios en contratos de obra pública. Aseguran que, pese a su promulgación, la norma no se está ejecutando correctamente debido a la falta de respaldo financiero por parte del Estado.
Karen Campos, presidenta de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia (SIB), participó en una conferencia conjunta junto al presidente de la Cámara de la Construcción de Chuquisaca (CADECO), Samuel Torrez, y representantes del Colegio de Ingenieros Civiles y el Colegio de Arquitectos. “La mayoría de nuestros ingenieros son consultores independientes, son empresarios también, y todos nos vemos realmente afectados por esta alza de precios”, expresó Campos.
“La aplicación del decreto 5321 no está siendo efectiva”, denunció, y enfatizó que lo que se requiere es que “el Gobierno Central garantice estos recursos para que desde todas las otras entidades, municipios, gobernaciones y ministerios realmente puedan aplicar esta norma”.
El incremento de los precios en materiales de construcción ha sido otro punto central de preocupación. “Es increíble cómo han subido todos los materiales. Entendemos que tampoco es culpa de los proveedores, porque el problema viene desde la falta de divisas, ya que tienen que cambiar dólares en el mercado paralelo. Eso encarece los materiales, y obviamente los venden más caros”, explicó.
La falta de combustible también ha complicado el panorama logístico. “Ahora ni transporte se puede encontrar para llevar los materiales. Todo se ha vuelto una cadena terrible de problemas”, sostuvo la presidenta de la SIB.
Consultada sobre gestiones ante autoridades gubernamentales, Campos indicó que no se ha logrado avances. “Lamentablemente, no hay mucha respuesta. El ministro de Finanzas no ha dado una respuesta clara. Creen que con haber sacado el decreto ya han hecho su trabajo, cuando lo fundamental era garantizar los recursos para su aplicación”, señaló.
La situación, según explicó, no es nueva. “Esto es algo que viene arrastrándose desde hace cinco, incluso diez años. Hay muchas obras impagas desde 2017 o 2018. Muchas empresas de nuestros ingenieros se han declarado en quiebra y no cuentan con liquidez”, añadió.
Como ejemplo, mencionó la nueva terminal de buses de Sucre, una obra que, según dijo, “se paraliza constantemente por la falta de pagos”. Campos finalizó con un llamado a las autoridades: “Este es un llamado a la reflexión. El gobierno debe garantizar los recursos para el pago a las empresas y la modificación de precios unitarios, y dejar de asfixiar al sector de la construcción”.
