Sucre, junio de 2025 (ANV).– Rafael Renato Avilés Siles, ciudadano de 80 años de edad, denunció públicamente haber sido víctima —junto a decenas de personas, en su mayoría adultos mayores— de una presunta estafa inmobiliaria de gran magnitud relacionada con la compra de departamentos en el **Edificio Multifamiliar Padilla**, ubicado en la avenida Jaime Mendoza N° 25, zona San José de la ciudad de Sucre.
“Somos víctimas de una estafa despiadada. Compramos con nuestros ahorros de toda la vida, yo pagué 120 mil dólares al contado. Nos prometieron entregarnos las minutas legales después de la aprobación del PRAS, pero todo era mentira. El edificio ya estaba saneado y con gravámenes en derechos reales”, afirmó Avilés durante una conferencia de prensa, en la que participaron otros afectados.
Según el relato, el edificio cuenta con **dos bloques, 23 departamentos, parqueos y bauleras**, todos **comprometidos con deudas**, sin que los compradores lo supieran. En algunos casos, las personas ya fueron desalojadas, como en el de Avilés, quien aseguró haber sido echado con el uso de la fuerza pública hace dos meses, sin compensación alguna. “Nos prometieron que nos restituirían, que pagarían alquiler temporal… y tampoco cumplieron. Ahora estoy nuevamente en la calle”, lamentó.
Los afectados aseguran que acudieron a todas las instancias competentes: **Defensoría del Pueblo, del Adulto Mayor, de la Mujer, de la Niñez**, además de la Fiscalía General, sin haber recibido respuestas ni medidas de protección. “La justicia parece parcializada. Nos han dicho que los procesos ejecutivos no se pueden parar. Todos ya tenemos mandamientos de desapoderamiento”, denunció.
El modus operandi —según la denuncia— consistía en **vender los departamentos sin formalizar la transferencia legal**, con el argumento de que la obra aún no estaba regularizada. Entretanto, los inmuebles fueron **comprometidos como garantía a acreedores**, y una vez adjudicados en remate judicial, los compradores originales fueron desalojados.
“No respetaron a nadie. Hay matrimonios jóvenes, pero también personas de tercera y hasta cuarta edad. Nos prometieron legalizar después de los remates si colaborábamos… pero todo fue una mentira”, denunció Avilés, señalando a una “familia delincuencial” como la responsable.
Los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades judiciales, municipales y defensoriales para **intervenir y frenar nuevos desalojos**, exigir responsabilidades y brindar atención inmediata a las víctimas que han quedado sin hogar tras esta serie de hechos.
