Sucre 7 de Abril (ANV).-Funcionario público del municipio de Uncía, en el norte del departamento de Potosí, fue víctima de una violenta agresión el pasado fin de semana, presuntamente a manos de tres personas identificadas como personal de seguridad del local nocturno “California”. El hecho ha generado preocupación por la respuesta del sistema judicial y la calidad del servicio médico en la región.
Según denunció su hermano, Farit Vicente Barco Ortuño en Sucre, la víctima presenta “fracturas en la mandíbula, el tabique nasal, pérdida de piezas dentales y severas inflamaciones en la cabeza”. Las lesiones habrían sido causadas tras ser atacado por los presuntos responsables a la salida del establecimiento nocturno.
“El rostro de mi hermano está completamente desfigurado”, señaló su familiar. Pese a ello, el informe inicial del médico forense asignado en Uncía solo determinó doce días de impedimento, lo que ha sido considerado insuficiente por la familia.
Tras el ataque, la víctima se dirigió por sus propios medios al Hospital Civil de Uncía. “Allí solo le colocaron un suero fisiológico y un calmante. No había especialistas ni condiciones para atenderlo”, relató el denunciante. Posteriormente fue derivado al hospital del municipio de Llallagua, donde tampoco habría recibido una atención médica especializada. “Recién en Sucre fue atendido por profesionales que confirmaron las múltiples fracturas y la gravedad del estado en que se encuentra”, afirmó.
De acuerdo al relato familiar, el incidente se habría originado cuando la víctima intentó ingresar al local nocturno junto a un grupo de amigos. “Los agredieron violentamente y usaron gas lacrimógeno contra la acompañante de mi hermano”, explicó.
En cuanto al proceso judicial, la familia denunció irregularidades en la audiencia de medidas cautelares, realizada en el municipio de Uncía. “La audiencia fue convocada sin previo aviso y llevada a cabo entre gallos y medianoche. Nosotros llegamos con dificultad por un derrumbe en Tacopalta”, afirmó el hermano. Según documentos presentados por la familia, los tres acusados identificados como Armando Valdivia Kennedy, Oscar Noel Canedo Paredes y Kevin Alberto Quinaya Guzmán fueron liberados por orden del Juzgado Público de Familia y Penal Primero de Uncía, a cargo del juez Elmer Arista Vizcarra.
“Nosotros estamos iniciando una apelación con base en nuevas valoraciones médicas. Es vergonzoso que un forense determine solo doce días de impedimento ante semejante agresión. Ya hay denuncias previas contra ese profesional”, agregó.
Además de iniciar acciones legales, la familia pretende presentar la denuncia formal ante la Fiscalía. “Estamos trabajando con un abogado en Sucre porque en Uncía no pudimos conseguir representación legal rápidamente. Todo ha sido sorpresivo para nosotros”, concluyó.
El caso ha puesto en evidencia las deficiencias en el acceso a la justicia y a servicios de salud especializados en el norte de Potosí, y ha generado preocupación en la comunidad sobre la actuación de las autoridades locales en situaciones de violencia.
