«Esta ley contempla a las personas de la tercera edad, tanto hombres como mujeres, así como a aquellas con enfermedades terminales, enfermedades de base, discapacitados y mujeres en situación de gestación o lactancia, siempre que no hayan cometido delitos graves,» destacó Freddy Jiménez, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH). En su explicación, también señaló que las personas con condenas por crímenes como infanticidio, parricidio, asesinato o narcotráfico no podrán beneficiarse de este indulto.
Jiménez aclaró que podrán acogerse a este beneficio quienes ya están cumpliendo una pena, como por delitos menores de estafa o robo, y aquellos que hayan cumplido al menos un cuarto de su sentencia. Además, destacó que se podrá beneficiar a personas que no tienen sentencia condenatoria, pero que llevan años en prisión, como aquellos con penas de diez, quince o veinte años.
«No todos los privados de libertad se beneficiarán,» indicó Jiménez, subrayando que cada centro penitenciario tiene su propio régimen disciplinario y requisitos específicos, los cuales serán evaluados por trabajo social. Sin embargo, para los adultos mayores y personas con enfermedades terminales, el proceso será más ágil.
El presidente de la APDH informó que ya se están realizando censos en los centros penitenciarios para identificar a los posibles beneficiarios. Según Jiménez, el plazo establecido por el gobierno para implementar esta ley es de un año calendario, por lo que espera que el proceso sea lo más rápido posible, especialmente en el departamento de San Roque, que ya cuenta con estadísticas detalladas sobre la situación de los reclusos.
«Nosotros vamos a estar atentos a todo el proceso, tomando contacto con el director departamental para coordinar la selección y calificación de los privados de libertad que puedan beneficiarse de esta ley,» concluyó Jiménez.
