Sucre, 30 de agosto (ANV).- El Concejal Rudy Aviles ha emitido declaraciones en relación con la Ley Municipal que regula la Entrada de Guadalupe, destacando los aspectos clave de la normativa y sus implicaciones para la comercialización de bebidas alcohólicas y el fortalecimiento de la industria local.
La mencionada ley municipal establece pautas sobre la venta de bebidas alcóholicas durante la Entrada de Guadalupe, con una reglamentación que detallará los tipos de bebidas permitidas y los lugares exactos donde se podrán comercializar estos productos. A pesar de que la norma general contempla la comercialización a lo largo del recorrido, excepto en la Plaza 25 de Mayo, la reglamentación entrará en mayor detalle al respecto, incluyendo la ubicación de gradas, áreas de patrocinio y los puntos de venta de bebidas y otros bienes. Este enfoque tiene como objetivo mejorar el control de estas actividades por parte del Ejecutivo Municipal.
En la discusión de la ley, otros concejales han planteado la importancia de promover y fortalecer las empresas locales y departamentales. En ese sentido, el artículo 25 de la ley incorpora la prioridad para estas empresas en términos de generar movimiento económico y apoyar la industria local. El análisis económico ha sido una parte fundamental de este enfoque, ya que no solo se trata de impulsar la empresa privada, sino también de fortalecer la actividad cultural y festiva en torno a la celebración de la Virgen de Guadalupe. Para este propósito, se ha formado un Comité Interinstitucional encargado de gestionar los recursos generados y utilizarlos en la promoción anticipada y en aspectos relacionados con la Entrada Folklórica.
Aviles señaló que aspectos como la falta de gradas en eventos pasados han sido considerados. Aunque en años anteriores se planteó una ley similar, la ausencia de movimiento económico y recursos para inversión representó un obstáculo. En la actualidad, se espera que la implementación de la normativa sea exitosa. No obstante, la ley también establece mecanismos de fiscalización, lo que implica que el ente legislativo tendrá un rol en supervisar su ejecución.
