Sucre, 2 de febrero (ANV).- El exalcalde de Sucre, Germán Gutiérrez, y el exdiputado Amílcar Barral presentarán este lunes un proyecto de ley que busca reglamentar la cesación del mandato del Presidente y Vicepresidente por razones de salud física, mental o «impedimentos éticos», un mecanismo contemplado pero no desarrollado en el artículo 170 de la Constitución Política del Estado.

La iniciativa, explicada por Gutiérrez en una entrevista radial a un medio de la capital, propone establecer procedimientos para evaluar la capacidad de los mandatarios en casos de insania mental, enfermedades graves, adicciones o impedimento moral basado en los principios éticos constitucionales.

«Si tú observas el artículo octavo de la Constitución Política del Estado, establece principios ético-morales… todos los bolivianos, incluidos los gobernantes, estamos obligados no solamente a cumplir con esos valores y principios, sino que a respetarlos», fundamentó el exalcalde y jurista.

Barral será el encargado de entregar formalmente el proyecto ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para su trámite en comisiones. Los promotores reconocen que la propuesta puede tener deficiencias y está sujeta a enmiendas, invitando al debate legislativo.

«Es posible que nos digan: ‘¿Saben qué? Este es un disparate monumental’. Bueno, rechácenlo, pero con argumentos», concluyó Gutiérrez, negando que la norma apunte de manera puntual a la actual controversia entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara, aunque admitió que «son parte del problema».

La propuesta boliviana revive el debate sobre mecanismos de remoción presidencial, figura que en Perú —denominada «vacancia por incapacidad moral permanente»— ha tenido un uso político recurrente y controversial. Mientras Bolivia busca reglamentar un artículo constitucional inaplicado, Perú cuenta con una práctica consolidada, pero ampliamente criticada por su impacto en la estabilidad.

La diferencia fundamental radica en el marco legal. La Constitución boliviana menciona el «impedimento» sin definirlo, dejando un vacío que el proyecto pretende llenar con causales específicas de salud y ética. En contraste, la Constitución peruana de 1993 incluye explícitamente la «incapacidad moral permanente» como causal de vacancia, aunque sin definirla, lo que ha permitido interpretaciones amplias y su uso como herramienta de confrontación política.

El procedimiento peruano requiere una votación calificada de dos tercios del Congreso (87 de 130 votos), un umbral alto que, sin embargo, no ha impedido la remoción de tres presidentes en los últimos cinco años: Martín Vizcarra (2020), Pedro Castillo (2022) y Dina Boluarte (2025). Este uso repetido ha generado una profunda inestabilidad política, un predominio del Legislativo sobre el Ejecutivo y una severa erosión de la confianza ciudadana en las instituciones.