La Paz, 6 de abril (ANV).- Una investigación del consorcio internacional Forbidden Stories, basada en 1.400 páginas de documentos filtrados, reveló la existencia de una presunta red de desinformación con vínculos a intereses rusos que operó en más de 30 países, incluidos Bolivia y Argentina, mientras que de manera paralela el diputado de la alianza Libre, Antonio Pino, presentó el 11 de marzo una Petición de Informe Escrito (PIE) dirigida al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, para solicitar información sobre las funciones, estatus migratorio y nivel de influencia del ciudadano argentino Fernando Cerimedo, experto en «guerra sucia» del gobierno javier Milei y recientemente incorporado al entorno de Palacio de Gobierno.
La solicitud del diputado Pino busca esclarecer la participación del argentino Cerimedo en espacios de decisión gubernamental, una práctica que el legislador considera “debería ser erradicada”. En el documento, el parlamentario expresa: “Con preocupación vemos que un ciudadano argentino, ahora empoderado desde la Presidencia, se presenta en instituciones públicas, ministerios y empresas estratégicas para dar línea de gobierno”.
Entre los requerimientos específicos de la Petición de Informe Escrito, Pino solicitó al ministro Lupo que informe sobre el estatus migratorio de Cerimedo en el país, las funciones que desempeña dentro del Órgano Ejecutivo y si cuenta con autorización para realizar gestiones o reuniones con empresas dentro o fuera del territorio nacional. Cerimedo ha sido vinculado en la región con estrategias comunicacionales de campañas de figuras de derecha, entre ellas las de Jair Bolsonaro y Javier Milei.
Según los documentos analizados por Forbidden Stories, la estructura denominada internamente “la Compañía” destinó 7,3 millones de dólares solo entre enero y octubre de 2024 para posicionar narrativas favorables a Moscú y debilitar la imagen de Occidente. La investigación identifica que uno de los mecanismos más recurrentes fue el pago directo por contenido mediático, con desembolsos mensuales que superaban los 300.000 dólares en artículos, videos y publicaciones en redes sociales.
En el caso de Bolivia, los documentos señalan que agentes rusos intervinieron en el contexto político posterior a la denuncia de un supuesto “autogolpe” del 26 de junio de 2024 con el objetivo de mitigar su impacto y redirigir la atención pública. Según los archivos, se organizó el traslado de especialistas a La Paz para diseñar estrategias comunicacionales que apuntalen al gobierno de entonces. El operativo habría sido coordinado por Sergei Mashkevich, identificado como uno de los estrategas encargados de estabilizar narrativas en países aliados. El gobierno de Rodrigo Paz, según el informe, aún no ha expresado opinión sobre esta información revelada.
En Argentina, la misma investigación detalla pagos de hasta 2.500 dólares a periodistas o medios por publicaciones alineadas con los intereses de la organización, así como la ejecución de acciones simbólicas como la exhibición de mensajes antiucranianos durante un partido de fútbol de primera división. Ante estos hallazgos, el presidente argentino Javier Milei aseguró este viernes que irá “hasta las últimas consecuencias” para establecer responsabilidades vinculadas al caso.
