El Gobierno informó este lunes que ha aprobado el Decreto 5600, mediante el cual abroga y deroga las normas que autorizan las contrataciones directas de bienes, obras y servicios, al considerar que eran fuente de corrupción y de gasto ineficiente del Estado.
El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, denominó al nuevo decreto como “destapando el Estado cloaca”.
Señaló que, en gestiones anteriores, se utilizó la contratación directa para aprobar hospitales que no funcionan y contrataciones sin licitación.
Como ejemplo de esta práctica, el Gobierno mencionó el caso del Hospital Gastroenterológico, que supuso una inversión multimillonaria, que no se ha terminado en el plazo establecido y ni siquiera se cuenta con el personal para ponerlo en funcionamiento.
Lupo detalló que se han identificado 161 decretos de contratación directa, que suman más de 96 millones de dólares y 7.930 millones de bolivianos.
“De estos 161 decretos, 105 de ellos son sin monto, es decir instrumentos que están vigentes en todo momento y que podrían ser utilizados en todo momento para poder dar adjudicaciones sin licitación”, agregó.
Anunció que se revisará y auditará “todo lo que se hizo en el pasado porque tiene que haber responsables”.
MAYOR BUROCRACIA
La posible eliminación de las contrataciones directas en Bolivia provocaría un incremento en la rigidez burocrática y una pérdida en la capacidad de respuesta inmediata del aparato estatal, según los analista.
Durante una revisión técnica del sistema administrativo, especialistas señalan que este mecanismo actúa como una vía de excepción necesaria frente a los prolongados plazos de las licitaciones públicas, los cuales pueden extenderse por meses y dificultar la atención de necesidades operativas urgentes.
El informe destaca que, sin esta modalidad, el Estado enfrentaría «un cuello de botella» en el sistema de control y una saturación en las unidades administrativas encargadas de procesar miles de adquisiciones anuales.
Además, el tiempo y el costo de oportunidad son factores críticos, especialmente en sectores estratégicos como la salud o la atención de desastres naturales, donde la adherencia estricta a formalismos procesales podría derivar en una parálisis operativa de las instituciones públicas.
