Sucre, 27 de octubre (ANV).- El presidente del Consejo de la Magistratura de Bolivia, Manuel Baptista, ha expresado su preocupación ante una acción popular presentada en el departamento del Beni, la cual, según sus declaraciones, busca la destitución de todas las autoridades judiciales. Baptista afirmó que el Consejo de la Magistratura no fue notificado oficialmente sobre estas acciones y se enteró de ellas a través de los medios de prensa. Asimismo, indicó que esta situación «desestabiliza evidentemente el sistema democrático en nuestro país», ya que «no se puede concebir un estado de derecho sin un órgano judicial sólido».
Baptista señaló que, según información de prensa, la acción popular habría sido retirada en el Beni. No obstante, el Consejo de la Magistratura está llevando a cabo trabajos de control y fiscalización a las salas constitucionales, en particular a las del Beni. Mencionó un caso anterior de amparo constitucional presentado por magistrados autoprorrogados, en el cual una sala constitucional, a través de su presidente, habría hecho un pronunciamiento público respaldando a estas autoridades. Sin embargo, esta misma autoridad habría resuelto la acción, rechazándola, pero asumiendo que la Asamblea Legislativa sería competente para un juicio de responsabilidades.
El presidente del Consejo de la Magistratura explicó que si una autoridad judicial emite un criterio adelantado sobre la culpabilidad de personas, como en el caso de prevaricato, no podría resolver posteriormente una revisión de una sanción disciplinaria, ya que tendría la obligación de excusarse. No hacerlo, implicaría «hasta un delito como el prevaricato». En el Beni, se está investigando si hubo un pronunciamiento público por parte de estas autoridades y si estas mismas autoridades resolvieron la acción de amparo constitucional. De confirmarse, se remitirá una denuncia al Ministerio Público.
Finalmente, Baptista indicó que una situación similar podría ocurrir con esta última acción popular, donde «estarían involucrados abogados o accionantes que tendrían algún vínculo con los vocales», aunque esto aún se encuentra en investigación. El Consejo de la Magistratura, ante una notificación de una acción de esta envergadura, «va a activar todos los mecanismos constitucionales, legales y formales para parar este tipo de situación», ya que «no podemos dejar en suspenso a la población que en este momento nos están exigiendo trabajo y prácticamente con estas acciones se están pidiendo unas nuevas elecciones, nuevas autoridades y una desestabilización de todo lo que ya se ha trabajado».
