Sucre, 19 de octubre (ANV).- El diputado Marcelo Solís denunció que el municipio de Sucre sufre un perjuicio económico porque la Unidad Operativa de Tránsito de la Policía continúa cobrando las multas por el uso de grapas, competencia que legalmente corresponde a la municipalidad según la Ley Autonómica Municipal 290. Presentó una acción de cumplimiento que espera resolución del Tribunal Constitucional y advirtió que el perjuicio es millonario desde 2022.

Solís explicó que, de acuerdo con el artículo 302 de la Constitución y la Ley Marco de Autonomías, el control y las multas de tráfico son atribuciones exclusivas de los gobiernos municipales. En el caso de Sucre, la Ley 290 de 2022 regula los estacionamientos.

Esa norma establece que los fondos recaudados por sanciones deben destinarse a la mejora de vías, proyectos y semaforización. El diputado enfatizó que esos recursos deben quedarse en el municipio.

«Estos recursos deben quedarse en Sucre, invertirse en el municipio de Sucre», afirmó Solís durante su denuncia sobre el manejo de las multas.

Según el legislador, actualmente los fondos son desviados a las cuentas de la Policía Nacional a nivel central. No precisó el monto exacto de lo recaudado por ese concepto.

Debido al incumplimiento de la normativa por parte de la municipalidad, Solís interpuso una acción de cumplimiento. La tutela fue inicialmente denegada por la justicia local bajo el argumento de una colisión de normas.

El caso se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional, donde se espera un pronunciamiento definitivo. El diputado no precisó cuándo podría emitirse esa resolución.

Solís advirtió que esta situación ha generado un perjuicio financiero millonario para la región desde el año 2022. No detalló la cifra estimada de los recursos que dejó de percibir el municipio.

El legislador cuestionó el desempeño de los concejales en este conflicto. Señaló que los ediles no están exigiendo el cumplimiento de la normativa vigente en Sucre.

«Parecen solamente ciudadanos que van y critican y olvidan su rol de fiscalización», afirmó Solís al referirse a la labor de los concejales municipales.

Ante esa situación, sugirió que los ediles soliciten una nueva reglamentación de la Ley 290. El objetivo sería ajustar los cobros y asegurar que los ingresos beneficien directamente a la ciudad.

Hasta el momento, no se difundió un pronunciamiento oficial del municipio de Sucre sobre la denuncia. Tampoco se conocieron declaraciones de la Policía Nacional sobre el cobro de las multas.